La orden fue emitida hace un año por la Fiscalía, en medio de un proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según la Fiscalía, esta imposición se hizo con el fin de evitar que los bienes en cuestión, entre ellos un apartamento de $1.600 millones, ubicado en un sector exclusivo de Bogotá, fueran gravados, negociados o transferidas a otras personas, para así poder ocultar su origen ilícito.
Sin embargo, esta argumentación fue fuertemente cuestionada por el…
