GS Noticias visitó lo que aparece en el mapa penitenciario del país como la cárcel La Amarilla, ubicada en el municipio de Lorica, Córdoba.
Pero al estar allí lo que se ve es una casa con barrotes con algunos cuartos, que simulan ser unas celdas, dos cuidanderos que son funcionarios del INPEC y que se turnan para cuidar un numeroso grupo de personas con cuentas pendientes ante la justicia.
Las condiciones pírricas de la infraestructura, el hacinamiento y la seguridad, si a eso se le puede llamar seguridad carcelaria, evidencian porque es fácil que los presos se escapen, incluso que haya hasta fiestas internas, como se denunció recientemente cuando se les volaron varios reclusos.
En el recorrido por las instalaciones se observó, deterioro de las paredes, literalmente duermen unos arriba de otros, asistencia alimentaria y de aseo no existe, y sorpresivamente tienen personas consideradas por las autoridades de alta peligrosidad, al pertenecer a grupos como el ‘Clan del Golfo’, en la casa que en un barrio de Lorica funciona como una cárcel.
Diez ventiladores de pared son los que apaciguan el inclemente calor que se siente en el pequeño patio en el que confluyen hombres y mujeres, en cada celda hay elementos de cocina para que los reclusos se cocinen su propia comida y en la esquina del patio hay una figura de la virgen del Carmen a la que muchos de los presos le rezan para salir lo antes posible de ese calvario.
Ese centro reclusorio atiende los presos de los municipios del Bajo Sinú y la subregión costera de Córdoba, por donde los cárteles sacan droga por el mar Caribe, pero presupuestalmente nadie confluye para tener una verdadera cárcel con funciones de resocialización, y aunque sean delincuentes, exigen el derecho de condiciones dignas.
“Nadie está pidiendo que esto sea un hotel, pero mejoren esta vaina”, se escuchó de uno de los reclusos mientras el equipo de GS Noticias caminaba por el penal en compañía de una delegación de la defensoría del pueblo que llegó para hacer una brigada de asesoramiento jurídico, entregar kits de aseo y alimentación, ante la ausencia estatal.
Actualmente, la Defensoría mediante tutela conmina a los alcaldes a cumplir los aportes que por ley deben hacer para que haya presupuesto para mantener lo que le llaman la cárcel La Amarilla en Lorica.
