Con 62 hallazgos administrativos, de los cuales 20 tienen posible incidencia fiscal en cuantía de $9.127 millones, 37 con presunta connotación disciplinaria, 8 de carácter penal, 6 con otras incidencias y 8 más para apertura de indagación preliminar, concluyó una auditoría de cumplimiento que realizó la Contraloría General de la República al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
El ejercicio auditor, realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, se hizo sobre los recursos asignados para el proyecto denominado “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional” y a la producción y distribución de los alimentos de alto valor nutricional (AAVN) en la vigencia 2021 y primer semestre 2022 (con corte 30 de junio del presente año).
Los hallazgos detectados llevaron al organismo de control a emitir un concepto de Incumplimiento Material con Reserva y calificación de control interno con deficiencias.
El mayor hallazgo fiscal, por $6.611 millones, se detectó en la Regional Chocó, por inconsistencias en la base de datos Cuéntame, que al ser cruzadas con la Registraduría Nacional muestran que personas no encontradas y fallecidas presuntamente resultaron como beneficiarios de servicios contratados por el ICBF en las vigencias 2020, 2021 y 2022.
Entre las deficiencias detectas están niños y niñas sin la documentación requerida, inoportunidad en la entrega de alimentación a los menores, entrega de alimentos no aptos para el consumo, pago a operadores por raciones para preparar no entregadas, pago a operadores por canastas Mujeres gestantes no entregadas e inconsistencias en las firmas de planillas de entrega de la ración para preparar (RPP), entre otras.
Con base en alertas de la DIARI, informó el ente de control, la auditoría de cumplimiento al ICBF determinó 4 hallazgos para apertura de Indagación preliminar relacionados con la Actualización de base de datos de entrega de Unidades de Servicio (UDS) de raciones para preparar en la Regional Amazonas, y 3 hallazgos en la Regional Vichada por entrega de raciones a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos del ICBF o son presuntamente fallecidas.
En este último caso, en el Vichada, según la Contraloría General de la República, se encuentra una base de datos con información relacionada de entregas de raciones a fallecidos y suplantación de identidad.
