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Los inmuebles, avaluados en más de 26.700 millones de pesos, están ubicados en Montería (Córdoba).
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Justicia Transicional, entregó al Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV) tres bienes que estarían vinculados a la denominada ‘Casa Castaño’, propiedad de las desaparecidas Autonomías Unidas. Fuerzas de Defensa de Colombia.
Estas son las fincas: El Tambo, Cabano y Támesis ubicadas en Montería (Córdoba) cuya superficie total es de 430 hectáreas y su valor asciende a $26.719.025.000. Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Estos terrenos forman parte del patrimonio de Jesús Alfonso Berrio Ramírez, alias Poncho Berrio, que estaría vinculado a la actividad paramilitar de los hermanos Castaño.
A pedido de un fiscal del Grupo de Persecución a la Propiedad de la Dirección de Justicia Transicional, el 15 de junio la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz de la Corte Superior de Medellín (Antioquia) decretó medidas de suspensión del poder de decisión , embargo y embargo de dichos bienes.
Los bienes entregados al Fondo de Reparación a las Víctimas estaban bajo la administración de la Sociedad Anónima Especial de Bienes (SAE), y una vez finalizado el procedimiento de improcedencia establecido en la ley, pasan a la LIF para su administración.
En los últimos 30 meses, el Ministerio Público ha localizado y entregado al citado fondo 156 bienes vinculados a la “Casa Castaño”. El valor de estos bienes asciende a $131.446.868.532.
Esta información se publica por razones de interés general.
LMFO/MAGA/SSR/DJT/MRC/
La fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este comunicado de prensa corresponde a la narración de una noticia objetiva, proporcionada por los funcionarios encargados de realizar las investigaciones penales dentro de la Fiscalía General de la Nación. Al momento de la divulgación de la presente comunicación, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolución por parte de la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y Sección 7 de la Ley 906 de 2004
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