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La Fiscalía logró impactar una organización delincuencial que presuntamente estafó con falsos subsidios de vivienda a 500 personas de bajos recursos en Tolima, Huila y Santander

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La Fiscalía logró impactar una organización delincuencial que presuntamente estafó con falsos subsidios de vivienda a 500 personas de bajos recursos en Tolima, Huila y Santander

Una madre y su hija lideraban al parecer esta red que defraudó asociaciones y fundaciones de víctimas del conflicto armado, de desplazadas, de campesinas y de población vulnerable, de las cuales obtuvieron de manera ilegal más de 300 millones de pesos.

Madre e hija fueron privadas de la libertad como medida de aseguramiento preventiva. La primera en centro carcelario, mientras que la segunda en su domicilio debido a que tiene un bebé de escasos meses. El juez le prohibió acercarse o tener algún contacto con las víctimas.

La Fiscalía General de la Nación logró ponerle fin a una red que estafó a 572 personas de bajos recursos con falsos subsidios de vivienda de interés social y que hacían parte de asociaciones y fundaciones de víctimas del conflicto armado, de desplazadas y de campesinas en Huila, Tolima y Norte de Santander.

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Mediante esta modalidad de estafa lograron apropiarse de 347,1 millones de pesos de población vulnerable en estos tres departamentos, en los cuales dos mujeres se hacían pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda.

Por esta razón la Fiscalía General de la Nación, a través de un despacho adscrito a la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima, imputó cargos y logró medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de Diana Patricia y Leidy Diana katerine González Montealegre, madre e hija respectivamente.

A la primera le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que a la segunda, domiciliaria, debido a que tiene un bebé de 5 meses de nacido.

Las imputadas por los delitos de estafa agravada en masa, tentativa de estafa agravada, falsedad en documento público y concierto para delinquir, que no aceptaron, vendrían haciéndose pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda para lograr las estafas. El trabajo mancomunado entre las seccionales Huila y Norte de Santander, con la recaudación de elementos materiales probatorios, búsquedas selectivas en bases de datos, entrevistas, extracción de información de terminales móviles y obtención de documentos falsos usados aparentemente por las indiciadas, permitió que se lograra perfilar a estas personas como posibles integrantes de una organización delincuencial en cabeza de Diana Patricia.

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Falsas promesas

Se pudo establecer que Diana Patricia vendría delinquiendo desde el 2013, mientras que su hija desde el 2018. Su modo de operar consistía en hacerse pasar por funcionarias del Ministerio de Vivienda para ofrecer vía telefónica falsos cupos de subsidios de vivienda y para lo cual enviaban la documentación correspondiente desde correos electrónicos supuestamente oficiales con membretes y logos de la entidad nacional, para hacer más creíble el engaño.

En dicha información que inducia al engaño sostenían que el Ministerio, a través del Fondo de Vivienda, les había otorgado determinados subsidios, pero que para acceder a ellos debían enviar sumas que oscilaban entre $190.000 y $1. 800.000 por cada uno de ellos.

Las cuentas bancarias detectadas por las autoridades para realizar tales depósitos están a sus nombres y la Fiscalía cuenta con el registro de las cámaras de seguridad que las ubican en la entidad financiera retirando el dinero.

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De igual manera, se logró el reconocimiento fotográfico por parte de una de las víctimas que logró identificar plenamente a Diana Patricia, tras entrevistarse con ella en la capital tolimense.

Los municipios del Tolima en donde se encuentran ubicadas las asociaciones que cayeron en la red de esta organización delincuencial en la que se presume cuenta con la participación de más personas son: Ibagué, Alpujarra, Dolores, Planadas, Ataco y El Espinal.

La primera denuncia

La investigación nació a partir de la denuncia instaurada por hechos ocurridos el 10 de marzo del año 2021 en Ibagué, cuando la señora que se identificaba como Jackeline Meneses Olarte, quien realmente era Diana Patricia, haciéndose pasar como funcionaria de la Subdirección de Fonvivienda del Ministerio de Vivienda, se comunicó con la representante legal de la organización social Ingemur para decirle que dicha entidad había sido seleccionada para la asignación de 37 cupos, con la probable ampliación de 10 más.

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Recursos que supuestamente eran para mejoramientos de vivienda por un valor de 17 millones de pesos, y subsidios para compra de vivienda nueva o usada por valor de 37 millones de pesos.

Le indicó que el valor de la vivienda nueva o usada era de hasta 120 millones de pesos (vivienda de interés prioritario), por lo que cada beneficiario debía entregar como aporte la suma de $195.400, dinero que alcanzaron a aportar 37 personas.

 Su captura se hizo efectiva la semana pasada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a la Sección de Análisis Criminal en coordinación con personal de la Estructura de Apoyo (EDA) y la Sección de Investigaciones de la Seccional Tolima, mediante dos diligencias de allanamiento y registro en los barrios Santa Inés y Santa Paula de Girardot (Cundinamarca).

Mientras avanza la investigación ambas permanecerán privadas de la libertad.

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La Fiscalía habla con resultados.

PAAM/CFG/EISP/APS

 

 

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Envían a la cárcel a un ciudadano extranjero investigado por hurto en Ocaña (Norte de Santander)

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Envían a la cárcel a un ciudadano extranjero investigado por hurto en Ocaña (Norte de Santander)

Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Ocaña (Norte de Santander) se legalizó la captura de Lerwis Bruno Chirino Moreno, quien fue capturado este 23 de noviembre por personal de la Policía Nacional en el barrio El Bosque de esa ciudad, por su presunta responsabilidad en el delito hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

El asegurado habría hurtado a la misma persona en dos oportunidaded en Ocaña (Norte de Santander)

Se presume que el   24 de febrero de 2020, en el barrio Villa Luz de Ocaña, Chirino Moreno hurtó varios elementos de propiedad de Anibal Collantes Bustos, como un equipo portátil, dos celulares, un revólver y dinero en efectivo, elementos avaluados en 12 millones de pesos, cuando al parecer ingresó a la vivienda de la víctima.

Igualmente, las investigaciones adelantadas permitieron establecer la presunta participación del procesado como determinador de un segundo hurto a la misma víctima, donde ingresan tres hombres y con amenazas e intimidación con arma de fuego se apoderan de varios objetos por valor de $10.490.000.

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El asegurado, quien fue capturado por la Policía, no se allanó a cargos y el juez impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel judicial de ese municipio.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

MPHA/DATO/CFG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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Judicializadas cinco personas capturadas en flagrancia por su presunta responsabilidad en dos casos de extorsión en Gigante y Pitalito (Huila)

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Judicializadas cinco personas capturadas en flagrancia por su presunta responsabilidad en dos casos de extorsión en Gigante y Pitalito (Huila)

En un primer caso, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cuatro personas que habrían extorsionando a un hombre en Gigante (Huila) haciéndose pasar por miembros de las Farc-EP.

Los investigados fueron capturados en situación de flagrancia recibiendo el dinero producto de la extorsión y les incautaron dos armas de fuego tipo revólver y dos motocicletas, celulares y radios de comunicación.

Se trata de Wilmar Rolando Mora, Yeison Javier Jiménez, Lesly Andrea Perdomo y Andrés David Martínez.

De acuerdo con los hechos, el 19 de noviembre pasado en una finca en la vereda Peñalosa, en Gigante (Huila),  dos de los judicializados llegaron portando armas de fuego indicando que necesitaban hablar con el dueño de la propiedad por lo que el mayordomo se los comunicó vía telefónica.

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En la llamada al parecer le exigieron pagar la suma de cincuenta millones de pesos como aporte económico al  grupo armado organizado residual, por lo que la víctima les ofreció diez millones, tasando finalmente la exigencia económica en treinta millones.

El 23 de noviembre, en ese mismo lugar, fueron capturados los hoy judicializados  en situación de flagrancia por Gaula de la Policía Nacional y Gaula Militar, recibiendo el dinero producto de la extorsión, a los cuales les incautaron dos armas de fuego tipo revólver y dos motocicletas, celulares y radios de comunicación.

Un fiscal especializado ante el Gaula les imputó a las cuatro personas los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir con fines de extorsión  y extorsión agravada en modalidad de tentativa. Ninguno aceptó cargos.

*Un caso más de extorsión en Pitalito *

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A su vez, Daniel Alexander Calderón Preciado fue capturado en flagrancia por personal del Gaula de la Policía Nacional  el 21 de noviembre pasado cuando al parecer se disponía a recibir $ 1.200.000 que le habría exigido a un hombre para,, presuntamente, regresarle la motocicleta que había sido hurtada en horas de la madrugada ese mismo día.

El hurto  con armas de fuego se presentó en el cruce al Guamal, por la vía que conduce de Pitalito a Timaná (Huila). Se presume que el presunto implicado habría participado en el hurto para luego realizar la extorsión.

Calderón Preciado no aceptó su responsabilidad en el delito de extorsión en modalidad de tentativa que le imputó la Fiscalía. Un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.

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LMGM/CFG/EAP

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

También le puede interesar:  Asegurados tres presuntos disidentes de las FARC que estarían involucrados en el cobro de extorsiones en varios departamentos del país

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Cárcel a presunto responsable de atacar  a patrullera de la Policía y dañar un bien público

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Cárcel a presunto responsable de atacar  a patrullera de la Policía y dañar un bien público

Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Jorge Humberto Durán Vela, de 33 años, como presunto responsable de atacar y morder en la mano a una patrullera de la Policía Nacional y ocasionar daños en un bien público, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

Jorge Humberto Durán Vela, presunto responsable de atacar  a una patrullera de la Policía Nacional y ocasionar daños a un bien público en Tuluá (Valle).

El ilícito ocurrió en el barrio Franciscanos del municipio en mención, donde presuntamente el hoy imputado quebraba los vidrios donde funciona un fondo de pensiones y en el momento en que llegan uniformados de la Policía Nacional arremete contra la patrullera, por lo que fue capturado en flagrancia.

La Fiscalía le imputó cargos por el delito de violencia contra servidor público y daño en bien ajeno, por lo que el juez decidió que Durán Vela debe cumplirla medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La Fiscalía habla con resultados

MAP/SMLR/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

 

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