Los líderes de los pueblos indígenas sikuani, amorúa y sáliba de Puerto Carreño denunciaron engaños en la aplicación del proyecto de “Prestación de servicios para la implementación del programa para niños, niñas y adolescentes constructores de paz con enfoque diferencial en situación de calle y acompañamiento psicosocial en el municipio de Puerto Carreño”, que beneficiaba a cien menores de edad.
Se trató de un contrato de 840 millones de pesos adjudicado en diciembre de 2020 a la empresa J&M Colombia S.A.S, que se ejecutó entre enero y diciembre de 2021, en el cual, por medio de un comedor comunitario se ofreció almuerzo, refrigerio y apoyo sicosocial, a través de actividades de recreo y educativas, a niños indígenas y colonos en situación de calle o en riesgo de estarlo. El proyecto, que benefició principalmente a los nativos, incluía el transporte para llevar a los menores desde su asentamientos o lugares de residencia hasta el sitio donde queda el restaurante.
Según la gobernadora indígena del cabildo urbano de Puerto Carreño, Henny Gutiérrez, el programa, implementado por la Gobernación a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, no fue concertado con los líderes indígenas, a pesar de que la iniciativa acoge a población étnica entre los seis a diecisiete años de edad, residente en los asentamientos indígenas urbanos de Sitio Sagrado, Piedras de Custodio, Pavoni, Calarcá y la zona periurbana del Cinier, entre otros.
“No me molesta que se tengan en cuentan a nuestros niños, al contrario, eso es muy buenos para nuestros niños y niñas que se están muriendo por no tener una alimentación adecuada, pero toda actividad dirigida a nuestros pueblos indígenas debe tener una consulta previa, debe ser consultado y concertado con la población indígena, con las autoridades”, dijo Gutiérrez. “Nunca nos concertaron nada”.
La líder indígena también hizo mención a otros problemas que, según ella, adolece este programa: “Hay varios padres de familias que están inconformes con la comida que están recibiendo los niños en el comedor, porque no es propia, es decir, no tiene enfoque diferencial, no sabemos qué le están dando en el comedor a los niños”.
El capitán del asentamiento Piedras de Custodio II, Pablo Pedro Arrepiche, manifestó a EL MORICHAL que desconocía el número exacto de niños que de su comunidad asistían al comedor: “No me consultaron, no me han dicho nada, yo he visto los niños vestidos de azul, así con uniforme creo, pero no sé nada, ni sé para dónde van estos niños”, dijo el líder sikuani. “Para mí es malo que no me hayan informado, porque yo soy autoridad acá y no sé qué están haciendo con esos niños. Debieron consultarnos, porque nosotros somos los que conocemos las necesidades, la realidad de esta gente”.
Menos días de servicio
Según el contrato 890 de 2020, la empresa ejecutora tenía la obligación de brindar el servicio de lunes a viernes, excepto los días festivos. Sin embargo, Gutiérrez denunció que “los padres dicen que ahora solo están recibiendo tres días a la semana, y eso les afecta mucho”.
Marcela Ramírez, una indígena sikuani cuya hermana de 15 años de edad era beneficiaria del programa, dijo que al principio el comedor funcionaba “la semana completa, pero después cambiaron los horarios y dejaron solo tres veces a la semana, según que, por limpieza en el comedor, o tenían reunión”.
Por su parte, Esteban Chávez, líder y exgobernador indígena del resguardo Mesetas Dagua, manifestó su preocupación frente a los recursos que van dirigidos en nombre de los indígenas.
“Tuvimos reunión con todos los capitanes indígenas de los asentamientos y hablamos de todos los proyectos, y uno de los líderes se levantó y reclamó ¿Por qué a los niños se les estaba dando comida solo tres veces a la semana, lunes, jueves y viernes? Entonces me puse a averiguar y resulta que ellos no están cumpliendo con lo que establece el contrato, ¿Entonces que se hace con esa plata?, se supone que ese proyecto es para impactar la problemática que tenemos nosotros los indígenas amorúas y nos están quitando la comida a los muchachos”, precisó.
EL MORICHAL buscó de manera insistente una respuesta a estas denuncias por parte de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento, y aunque Edward Ortiz, el funcionario encargado -porque la secretaria Elizabeth Apolinar renunció al cargo a inicios de diciembre- dijo que nos atendería, al final no se presentó a la cita de la entrevista.
Sin embargo, una persona que tiene cómo saberlo pero que habló bajo el compromiso de que no se mencionara su nombre, explicó que los días en que el comedor no funcionó no fueron facturados a la Gobernación.
Esta versión coincide con un documento del SECOP, por medio del cual se hace una prórroga al tiempo de ejecución del contrato. Allí se explica que el contrato inicial se suscribió por siete meses, para terminarse el 19 de agosto (este contrato tenía un costo de $588.147.600), pero las partes, justificando la importancia del proyecto, hicieron una adición de $252.601.100 (para un valor total del contrato de $840.748.700) y una prórroga de tres meses más (hasta el 19 de noviembre); sin embargo, en noviembre el contratista informó que tenía un saldo a favor del departamento de $76.806.000 (correspondiente a alimentación y transporte de 34 días), por lo que las partes hicieron ajustes y decidieron alargar el tiempo de ejecución del contrato hasta el 17 de diciembre de 2021.
Entre el 19 de noviembre y el 17 de diciembre J&M debía brindar el servicio de atención a los menores durante cada uno de los 19 días hábiles de ese periodo, para poder dar cumplimiento a lo estipulado en el acta de prórroga. Pero los padres de familia aseguran que en varias oportunidades el comedor no estuvo operativo. De hecho, este medio de comunicación visitó el lugar el martes 7 de diciembre y comprobó que ese día no hubo atención al público porque los funcionarios dedicaron la jornada a capacitación y elaboración de informes.
EL MORICHAL intentó obtener una declaración de la empresa J&M Colombia S.A.S, pero al menos dos funcionarios del comedor con los que hablamos, dijeron no estar autorizados para dar declaraciones y tampoco nos brindaron ayuda para comunicarnos con sus superiores.
Para la líder indígena Gutiérrez, la justificación del contrato no se cumplió porque “seguimos viendo muchos niños en mendicidad todavía. No ha funcionado como debería ser porque siguen nuestros niños saliendo a la calle a colocar un cartón sobre una moto para buscar un sustento, entonces qué se está haciendo, no se debe jugar con el alimento de los niños”.
