Esta semana el Congreso de la República aprobó el proyecto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, esta iniciativa había quedado contemplada en el primer punto del Acuerdo de Paz, firmado en el 2016.
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El acto legislativo tiene como objetivo buscar el reconocimiento de los y las campesinas colombianas como sujetos políticos, de derechos y de especial protección. Cabe destacar que el proyecto ya fue aprobado en ocho debates del Congreso y está listo para recibir la sanción presidencial.
Según información de la Agencia Nacional Campesina, llevar a cabo este proyecto es “importante porque salda la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el campesinado, siendo la principal víctima del conflicto armado”.
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Adicionalmente, la Agencia asegura que entre 1958 y 2019, al menos unos 7 millones de campesinos y campesinas han sido víctimas del conflicto, al igual que unas 6 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas de manera forzada.
Ahora bien, el sector agropecuario se vería beneficiado de esta política, teniendo en cuenta que se crearía un mecanismo específico para resolver los conflictos agrarios en el país.
Así lo confirmó Andrés Valencia, exministro de Agricultura, quien además manifestó que la creación de la jurisdicción puede generar más certidumbre en el campo colombiano, cuando se traten de resolver conflictos sobre la tierra.
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“Esto podría atraer inversión en las zonas rurales, en la medida en que exista una jurisdicción especifica e imparcial. Pueden garantizarse reglas de juego claras para los inversionistas que quieran comprar tierra en Colombia”, explicó.
El exministro añadió que la Ley facilitaría la resolución de conflictos, pero “esto requerirá de unos jueces que deberán ser expertos en estas materias”.
Por otra parte, se da la discusión sobre el acceso a las tierras. Según la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, la jurisdicción “va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y bienes de uso público”.
A su turno, José Ángel Barrios Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc Guaviare), le comentó a Portafolio que este proyecto de ley le da el reconocimiento a los campesinos del país como sujetos de derechos.
“Esto abre una puerta para dar la lucha en el acceso a la tierra y salud. Especialmente, también, en todo el tema de producción agropecuaria”, dijo.
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El presidente de la Asociación explicó que uno de los puntos de la legislatura es mantener la seguridad alimentaria, sin embargo, considera que para que esta se garantice, “se deben renegociar los TLC, ya que producir en el país es costoso. Competir con las multinacionales es muy difícil. Nosotros logramos ser competitivos en el momento que tengamos autonomía o subsidios en lo que tiene que ver con los insumos agropecuarios”.
DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista Portafolio
