Por: La Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
Los guajiros han venido desaprovechando las bonanzas de recursos naturales, las regalías y los procesos de participación social y política. La elección popular de alcaldes y gobernadores determinada por la Constitución de Política de Colombia, que abrió las puertas para que las comunidades locales participen en la conformación del poder político territorial y afianzar los procesos de descentralización administrativa, parecen ser una nueva maldición en el departamento.
Los procesos electorales del gobernador y alcaldes se han venido convirtiendo en obstáculos para el desarrollo. Si bien los actores logran acceder a la anhelada escogencia por voto popular, al poco tiempo de ser elegidos se ven envueltos en demandas de nulidad de la elección, obligando al departamento y a los municipios a sumirse en una crisis política y administrativa de manera recurrente.
Desde el año 2013 hemos visto como los gobernadores desfilan por el Palacio de la Marina, contabilizándose cerca de 14 mandatarios en un periodo de 10 años, de los cuales varios han salido por cuestionamientos legales que los obligan a separarse del cargo. El último hecho se ha presentado para el periodo institucional 2020-2023 con Nemesio Roys Garzón, a quien el pasado 1 de julio el Consejo de Estado anulo su elección, al encontrar que incurrió en la prohibición constitucional de doble militancia, y que, luego de conocer la decisión del Consejo de Estado Manifestó: “Este departamento tiene que salir adelante. Algún día los caníbales de la política que no pueden ganar en las urnas y que a punta de demandas quieren llevarse por delante la vocación del pueblo, algún día desaparecerán”.
Igualmente, estas situaciones se han venido presentando en los municipios de Manaure y Fonseca, cuyas elecciones de alcaldes también fueron demandadas poco tiempo después de la contienda y cuya nulidad e inhabilidad, en el caso de Manaure ya fue ratificada por el alto Tribunal de Riohacha. La suspensión del alcalde Juan José Robles, se dio, al encontrarse inhabilitado por su hermano, quien ejerce como rector de la Universidad de La Guajira. Ahora se espera que los partidos conservadores y el centro democrático, conformen la terna que será presentada al Gobernador de La Guajira (E) y se pueda dar continuidad a los programas que se deben desarrollar en el Municipio, que vale decir, se encuentra con un rezago importante en el tema de vacunación contra el Covid-19. En lo que respecta, al alcalde de Fonseca, el pasado 1 de agosto del presente año, un fallo del Consejo de Estado, producto de una acción de Tutela, dejo sin efectos la decisión del alto Tribunal de la Guajira, que anulaba la elección de Hamilton García P. como alcalde.
Si bien es cierto, la destitución de gobernadores no es nueva en el departamento y casi parece ser la constante en las últimas décadas, en razón a los líos jurídicos y contractuales en los cuales incurren, ya sea por equivocaciones en la toma de decisiones o simplemente por no concordar con el ordenamiento jurídico, por consiguiente, estos funcionarios acuden a todo tipo de recursos jurídicos para dilatar la notificación de estas decisiones. Este tiempo que gastan haciendo todos estos movimientos jurídicos, es un tiempo valioso, en el que se dejan de desarrollar planes y programas que son urgentes para su población, la cual carece de los mínimos vitales y en especial al interior de la población indígena, mayormente wayuu asentada en sus territorios tradicionales, que, según cifras es una población altamente vulnerable.
Esta situación de cambio constante de gobernador, sume al departamento en una inestabilidad administrativa, política, social, económica y ambiental, donde se corre el riesgo de que los programas de gobierno no tengan continuidad o se atrasen en su cumplimiento, generando una tensión política y un clima de incertidumbre entre los guajiros en medio de la grave crisis que generó la Pandemia, el confinamiento, la falta de empleo, las carencias, que hoy, entre otras, se derivan en los constantes cierres y bloqueos de las vías municipales, por parte de pobladores, que exigen la garantía de sus derechos mínimos.
El gran reto que tiene Gobierno Nacional es ayudar al departamento a superar la etapa de ingobernabilidad tomando acciones para dar un salto hacia la gobernanza para el desarrollo efectivo, con acciones contundentes y muy diferentes a las intervenciones en salud, educación y agua potable que no dejaron impactos positivos relevantes en el territorio. De manera paralela, se deben desarrollar las obra presentadas, presupuestadas y aprobadas en los planes de desarrollo municipal y departamental y actuar con celeridad para continuar con el trabajo de implementación de la Sentencia T-302 de 2017.
En todo caso, el gran perdedor es el departamento de la Guajira que está a la espera de que el presidente Iván Duque nombre un gobernador encargado, de la terna que le envíen los partidos que avalaron a Nemesio Roys en su elección, para que convoque a elecciones atípicas y gobierne el departamento durante los años restantes del periodo.
El nuevo gobernador tendrá un gran reto, entre los cuales se encuentra la de impulsar la recuperación de la estabilidad administrativa, impulsar el desarrollo del departamento, afrontar la crisis traída por la pandemia, y estructurar el plan de desarrollo con el fin de que muchos proyectos no queden inconclusos y se conviertan en otra obra más sin terminar. Por otro lado, se encuentra pendiente el cumplimiento de los mandatos estipulados en la Sentencia T302-17, para lo cual, debe contar con la participación de las diferentes autoridades locales, indígenas y la sociedad civil, con el fin de articular los diferentes sectores y poder superar la crisis.
Así las cosas, los ciudadanos, líderes y autoridades que se encuentran luchando por meterle el acelerador al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 con la divulgación del documento jurídico y con el desarrollo de mesas socialización en Maicao, Manaure, Uribia y Riohacha que buscan obtener un documento con las principales necesidades de las comunidades en la región, tendrán que superar este aletargamiento en la toma de decisiones. En este escenario, es importante rescatar el trabajo de los diferentes grupos de voceros, líderes, autoridades y veedurías, que siguen impulsando el inicio de la construcción de un plan de acción de la Sentencia y la línea base de la misma, para garantizar la disminución efectiva de morbimortalidad en La Guajira, por enfermedades relacionadas a la desnutrición.
Al cumplirse los primeros treinta años de la Constitución del 91, los guajiros deben reflexionar y repensar la manera en que realizan su participación en la conformación del poder político regional y local, valorando el interés general. Es hora de que la península deje de encabezar los titulares de escándalos en la prensa nacional e internacional y se ocupe de abandonar los últimos lugares de desigualdad, pobreza e injusticia en Colombia. La elección popular de mandatarios es la máxima expresión de la democracia popular, proceso que no se puede volver una maldición o calamidad para los habitantes de La Guajira. La elección popular de gobernadores y alcaldes es una institución para desarrollarla, por lo tanto, entre todos debemos convertirla en una institución de alta calidad.
