El Índice de Impacto de la Violencia revelado por la ONU ubicó a La Plata con un impacto ‘muy alto’ en este flagelo y, además, lo antepuso a Algeciras en nivel de afectación. La violencia continuó expandiéndose durante el 2023.
CATERIN MANCHOLA
Debido a las diferentes circunstancias negativas que se dieron en el municipio de La Plata, en Huila, la localidad se antepuso al históricamente golpeado por el conflicto interno armando (y muy estigmatizado), Algeciras, y ahora es el más afectado por la violencia en este departamento.
“Aunque se ha avanzado en muchas políticas, existe un gran desafío para la seguridad de las comunidades”, expresó la representante en Colombia Alta Comisionada ONU DDHH, Juliette de Rivero, durante la presentación Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – 2023.
Y reveló que específicamente, ONU Derechos Humanos identificó en el 2023, a través de su Índice de Impacto de la Violencia a 206 municipios en los que la violencia ha impactado más los derechos de la población.
En total, se pudo establecer que estos se sitúan en 28 de los 32 departamentos del país, entre los cuales está el Huila.
Es importante contextualizar que en el 2021 el índice identificó 156, en el 2022 fueron 180 y en 2023 fueron 206 municipios, “lo que denota la expansión de la violencia territorial”, aseveró la Alta Comisionada ONU DDHH.
El índice los identifica y clasifica en una de tres categorías: 1) impacto crítico, 2) impacto muy alto, y 3) impacto alto.
Tame, en Arauca, ocupa el primer lugar, como muy crítico, seguidamente se ubica Cauca, Valle del Cauca y Nariño también en impacto muy crítico.
Luego están los municipios de impacto muy alto, en total 46, donde figura La Plata, en Huila.
Así mismo, los restantes tienen un impacto muy alto, y aparece Algeciras, Íquira, Tesalia, Tello y Garzón.
El índice los catalogó como los más afectados por la violencia con base en cinco variables relevantes para el análisis de la situación de derechos humanos:
- Homicidios de personas defensoras verificados por ONU Derechos Humanos.
- Masacres verificadas por ONU Derechos Humanos.
- Asesinatos de excombatientes reportados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas.
- Tasa de confinamiento por 100.000 habitantes reportada por OCHA.
- Tasa de desplazamiento por 100.000 habitantes reportada por OCHA.
¿Qué pasó en La Plata?
Tras la firma del Acuerdo Final de Paz, en Huila han hecho presencia permanente u ocasional el Eln, Grupos Armados Organizados Residuales (Gaor) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), según la Unidad Para las Víctimas.
De acuerdo con la Unidad, en La Plata las estructuras al margen de la ley se están guerreando por quedarse con ciertas zonas estratégicas, y esa “presencia y disputa entre disidencias de las Farc- EP aumentan los riesgos de victimización” para la población civil.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo ya ha emitido alertas tempranas por “riesgos en La Plata, Nátaga y Paicol por el proceso de expansión del grupo disidente de las Farc-EP identificado como Columna Móvil ‘Dagoberto Ramos’, desde el noroccidente del Huila y el occidente del Cauca”.
Las disidencias de las Farc también han congregado a habitantes de una amplia zona rural del municipio y han advertido que no se irán de la región. Adicionalmente, les han declarado la guerra a ladrones, violadores, consumidores de droga y colaboradores del Ejército.
Uno de los asesinatos en La Plata que más tuvo eco a nivel nacional, fue el de una niña de 4 años identificada como Harlin Salomé Usa Mosquera, quien fue alcanzada por dos balas perdidas en medio de una balacera entre tropas del Batallón de Infantería N.º 26 Cacique Pigoanza, con integrantes de la Columna Móvil ‘Dagoberto Ramos’, que hace parte de esas estructuras catalogadas como Grupos Armados Organizados Residuales.
El hecho ocurrió en la vereda Villa Esperanza del centro poblado de San Miguel, el 27 de julio del 2023.
En su momento la Procuraduría General de la Nación rechazó “de manera enfática el vil asesinato” de la menor. “Este atroz delito sin duda alguna se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad, y demuestra una vez más cuál es la verdadera voluntad de paz de este grupo ilegal disidente, que ataca a la población civil de manera indiscriminada”.
Y es que tras los hechos mencionados, al menos 300 familias campesinas de este municipio se vieron forzadas a desplazarse hacia otras zonas y durante el transcurso del año algunas regresaron, mientras que otras tuvieron que abandonar definitivamente sus hogares por miedo y amenazas.
De otra parte, en el marco de la campaña política por las elecciones regionales también fue asesinada Blanca Marín, esposa de Carlos Eduardo Hoyos Gamba, candidato a la Alcaldía de ese municipio; quien tras los acontecimientos renunció a la contienda.
La esposa del candidato del partido del Gobierno Nacional, Colombia Humana, habría sido asesinada por disidentes de las Farc.
Aumentaron los homicidios
Medicina Legal registró 26 presuntos homicidios entre enero y diciembre del 2023 en La Plata. Por grupo etario, 1 ocurrió en la primera infancia, 17 en la adolescencia, 8 juventud y 15 más en la adultez.
En tanto que durante el 2022, la cifra de presuntos homicidios fue de 14; es decir que para el año pasado hubo un aumento porcentual del 85%.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), durante el año pasado asesinaron a tres excombatientes de las Farc y firmantes de paz en La Plata.
Adicionalmente, La Plata en el departamento del Huila y Tame en Arauca “se configuran como los municipios con mayor afectación producto del asesinato de firmantes del acuerdo de paz”, alertó el mismo instituto.
El personero de la localidad, Andrés Penagos Alvarado explicó que por ser un municipio limítrofe con el Cauca, “hace que se presenten varias situaciones de orden público, por eso vamos a trabajar en la defensa de los derechos humanos porque somos los primeros llamados a ser veedores de ello. De acuerdo con los informes que recibamos en el proceso de empalme, trazaremos una estrategia para las zonas que están siendo violentadas por el conflicto armado. Sí hay una zozobra latente debido a algunos eventos que se han presentado”.
Riesgo para la gobernabilidad
La representante en Colombia Alta Comisionada ONU DDHH, Juliette de Rivero informó que este nivel de riesgo que revela el Índice de Impacto de la Violencia para algunos territorios representa un riesgo para la gobernabilidad y para la protección de los derechos humanos de la población.
El “actuar de los grupos armados y el que no se haya podido frenar su consolidación ponen gravemente en riesgo la pervivencia física y cultural de varios pueblos y procesos organizativos históricos del país”.
Dijo que les “preocupa enormemente la situación que está viviendo, por ejemplo, el pueblo Nasa en Cauca”, vecino de La Plata, donde han asesinado líderes y lideresas espirituales, jóvenes y guardias indígenas: “hay una estrategia deliberada de destruir liderazgos”, subrayó.
Y arremetió: “en varias zonas del país, se ha hecho evidente que los grupos amados no estatales ejercen control sobre la vida comunitaria, extorsionando a la población, amenazándola y restringiendo su movimiento”.
De igual manera también preocupan el reclutamiento infantil, la violencia sexual y de género y los casos de secuestro y desaparición.
En suma, la recomendación número uno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es:
“Realizar todos los esfuerzos para desplegar una presencia integral en puntos estratégicos del país con el fin de recuperar y extender el control territorial del Estado frente a la actuación de los grupos armados no estatales y organizaciones criminales”.
El Índice de Impacto de la Violencia en Colombia
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