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domingo, octubre 25, 2020

La verdad de las dinámicas económicas en el conflicto armado

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Consuelo Corredor, Boris Salazar, Salomón Kalmanovitz y José Antonio Ocampo hacen este jueves una «reflexión económica a fondo», en palabras del sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, en un espacio de conversación convocado por la entidad que «no busca sacar conclusiones», según el mismo De Roux.

La charla es moderada por la comisionada de la verdad Alejandra Miller, quien explicó la importancia de entender las dinámicas económicas del conflicto, asociadas a prácticas como el despojo de tierras en el marco del conflicto.

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El economista y filósofo Kalmanovitz comenzó por explicar que el conflicto armado retrasa el desarrollo económico del país. Dijo también que hay sectores agrícolas de plantación que tienen condiciones precarias en las cuales los empresarios «aplican la violencia cuando lo consideran necesario».

Kalmanovitz señaló el narcotráfico como una de las causas económicas del conflicto. Para él, las regiones donde las actividades ilegales se desarrollan es donde tienen más presencia del conflicto armado más reciente, a diferencia de los conflictos «más políticos» de las primeras luchas campesinas.

En regiones como el Pacífico, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, la región del Caribe y otras regiones periféricas, el conflicto ha afectado las posibilidades de trabajo de las comunidades. «El Estado ha probado ser incapaz de ejercer la principal de sus funciones, que es el monopolio del uso de las armas amparado en la legalidad», señaló el economista, exdecano de la Universidad Nacional. «Falta mucha inteligencia de las fuerzas de seguridad», dijo.

Sobre la exclusión y la desigualdad aseguró que no considera que estas estén en las causas del conflicto armado, pues tienen raíces más profundas. Le dio preponderancia a los factores políticos, sobre la exclusión y la desigualdad, aunque reconoce que a las regiones en conflicto ha llegado población desplazada por los actores armados.

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Después tomó la palabra la profesora Consuelo Corredor Martínez, quien partió de la «convicción» de que el reto de la implementación del acuerdo es «crear las condiciones para la paz territorial», pues es en los territorios donde se sigue jugando el conflicto.

Dijo que el acuerdo tiene una rica relación entre economía y conflicto, porque «se pone al descubierto la falacia de la no existencia del conflicto armado». Además, que de allí se desprenden los «evidentes costos históricos» de no terminar el conflicto, y que el texto reconoce las disparidades entre lo urbano y lo rural, y las profundas desigualdades que «no son solamente entre las personas», sino también entre las regiones del país.

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