El ministro saliente de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó su renuncia al cargo en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Con su retiro, ya son cinco las fichas del gobierno Petro que se han visto envueltos en esta situación, y que han caído.
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La salida del exministro Bonilla se da tras las declaraciones de la exasesora de la cartera de Hacienda, María Alejandra Benavides, ante la Fiscalía. En su testimonio, Benavides señaló que el alto funcionario habría intentado entregar proyectos de la UNGRD a algunos congresistas con miras a obtener su respaldo en la aprobación de algunas iniciativas.
La supuesta compra de votos se habría dado en diciembre de 2023, cuando el Ejecutivo necesitaba que la Comisión de Crédito Público aprobara unos créditos de alto valor. Para conseguir ese apoyo, se habría dado la instrucción desde la cartera de Hacienda de direccionar tres contratos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra (Córdoba); Saravena (Arauca), y en Carmen de Bolívar (Bolívar).
Ahora bien, antes del titular de Hacienda, la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, también se habría visto salpicada por el entramado de corrupción al ser señalada como la presunta intermediaria para entregarle 3.000 millones de pesos al senador Iván Name, dinero que también estaría destinado para impulsar los proyectos del Gobierno en el Congreso.
El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Ortiz el pasado mes de mayo. La exfuncionaria fue imputada por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
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Sandra Ortiz
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Unos meses después, en agosto, Carlos Ramón González dejó su puesto como cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En su momento se mencionó que presuntamente estaría detrás de las órdenes a demás funcionarios para la entrega de coimas.
Por otro lado, César Manrique, quien fungió como director de Función Pública, también aparece en la lista de aparentes involucramos en el caso. Su supuesto nexo tiene que ver con que a través de Luis Carlos Barreto, exfuncionario de la UNGRD, habría intentado direccionar 100.000 millones en contratos.
Carlos Ramón González
Presidencia
La última ficha en ser señalada en el entramado ilegal que han venido destapando la Fiscalía y la Corte Suprema es Olmedo López. El exjefe de la Unidad habría sido el enlace para direccionar las órdenes que recibía del Palacio con el fin de destinar recursos en contratación a los congresistas interesados.
Una vez estalló el escándalo por el caso de los 40 carrotanques para llevar agua a la Alta Guajira, López renunció a la entidad.
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