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Mientras continúa el estudio para tomar una decisión de fondo sobre una tutela interpuesta por la lideresa raizal Josefina Huffington Archbold, quien pidió la protección de los habitantes de Providencia y Santa Catalina afectados por el huracán Iota en 2020, la Corte Constitucional dio 20 días de plazo al Ministerio de Vivienda y a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (UNGRD) para que garanticen un sistema de saneamiento básico funcional, así como también una protección eficiente y efectiva al medioambiente tras el paso del fenómeno natural.
En ese tiempo perentorio, las dos entidades deberán identificar las viviendas que presentan problemas de vertimiento al ambiente de las aguas negras domésticas y hacer los ajustes que permitan la disposición y eliminación higiénica y ambientalmente sostenible de estas aguas.
Para ello, deberán tener en cuenta las sugerencias de los dueños de las viviendas que deban ser intervenidas, e implementar las soluciones de saneamiento básico en todas las viviendas que falten por ser reconstruidas, así como las del pueblo raizal sobre la reconstrucción de sus unidades habitacionales.
EL TIEMPO contactó al Ministerio de Vivienda para conocer la posición de su titular, Susana Correa, pero al cierre de esta edición ello no fue posible.
Sin embargo, en abril pasado el presidente Iván Duque dijo que más del 85 por ciento de la tarea de reconstrucción en Providencia ya se había completado y que el porcentaje era del 90 por ciento en la isla de San Andrés.
En el Auto 691 de 2022, dado a conocer este miércoles, y que se basó en conceptos como el de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), se documentaron fallas y actuaciones que llevaron al rebosamiento de los pozos sépticos de las viviendas reconstruidas y la filtración de las aguas negras al ambiente.
De acuerdo con la accionante, ni el Ministerio de Vivienda ni la UNGRD tuvieron en cuenta las observaciones de la comunidad sobre la importancia de reconstruir los pozos sépticos de las viviendas con tres compartimientos elaborados en metal, como era antes del huracán Iota, ya que estos fueron elaborados en plástico y con una capacidad que no corresponde a la cantidad de miembros de cada familia, lo que ha causado que las aguas negras se desborden, se estanquen alrededor de las viviendas y se filtren a las calles y los arroyos cercanos.
Hospital de Providencia destruido un año después de Iota.
Y agrega el auto que, hasta la fecha, “no se ha establecido un plan de acción contundente que busque solucionar la problemática de salubridad que ha generado la deficiente construcción de los pozos sépticos en Providencia y Santa Catalina”.
En el auto la Corte dijo también que la accionante señaló que las dos entidades no han sostenido un diálogo directo y permanente con la comunidad raizal, lo que ha llevado a que se incumplan los compromisos originales y se cometan errores graves en el proceso de reconstrucción de las viviendas.
Entre ellos, además de la mencionada filtración de las aguas negras al ambiente por la inadecuada reconstrucción de los pozos sépticos, están los cambios unilaterales en los modelos de las viviendas previamente acordados con la comunidad y la aparente falta de cumplimiento de las normas técnicas antihuracanes.
Punto de guardacostas
En el documento que sustenta la decisión de la Corte Constitucional, la líder también dijo que la Armada Nacional está construyendo en contra de la voluntad del pueblo raizal una estación de guardacostas en la bahía de Old Town, en el mismo lugar o muy cerca de donde antes del huracán funcionaba el muelle de pescadores.
En el año 2015, a través de una consulta previa, el pueblo raizal ya se había opuesto a la construcción de esta estación; pero la accionante y los pescadores temen que la Armada esté aprovechando la situación de desastre para construir el proyecto sin su aprobación.
De hecho, desde el 10 de mayo de 2021, Coralina emitió una medida preventiva y ordenó a la Armada Nacional suspender las obras y retirar de inmediato la infraestructura que había sido construida indebidamente en la bahía de Old Town.
Luego, el 18 de mayo de 2021, funcionarios de la entidad visitaron el sitio para hacer seguimiento y encontraron que el Comando había continuado con las actividades de construcción y relleno de la zona.
“En dicha diligencia se dialogó con el teniente J. Meriño, quien indicó ser el encargado en el momento y se procedió a ordenar la suspensión de la actividad y el retiro inmediato de los elementos. Sin embargo, al retirarse el personal de Coralina, se dio inicio nuevamente a la actividad”, se lee en el auto de la Corte Constitucional, en referencia a esta situación.
Incluso, luego de ello la corporación Coralina realizó dos visitas adicionales de seguimiento al tema el 9 de junio y el 23 de septiembre de 2021 y encontró que persistían las actividades de construcción de la estación de guardacostas en la bahía de Old Town.
Con información de EL TIEMPO
