A las 4:18 de la tarde, cuando empezó la reunión, el gobernador de Guainía tomó la palabra para pedir que colocaran los himnos del departamento y del municipio. Como era un acto un tanto informal, los cánticos, parece, no estaban previstos; además, la gente estaba allí para oír lo que quería oír. Pero el gobernador Juan Carlos Iral justificó su invitación diciendo que lo que iba a ocurrir en ese momento era de la mayor importancia.
Claro que lo era. Ese 17 de febrero se firmaría la resolución que daría vida a los barrios Casa Blanca, El Poblado y El Jardín. Entonces, la gente cantó al unísono los dos himnos, porque había un motivo, un gran motivo. Llevaban casi una década esperando ese momento.
Las invasiones de Casa Blanca, El Poblado y El Jardín se fundaron en Inírida hace unos nueves años en un gran lote que pertenece a la Gobernación del Guainía, ubicado en la vía al Coco. Se estima que en la actualidad unas 1.000 familias viven en el sector.
En noviembre de 2022, para un artículo publicado por este medio de comunicación, Solano Caicedo, un habitante de las entonces invasiones, dijo que estaban a la espera de la legalización. “Es la esperanza más grande de todos, que eso se arregle, ya son ocho años que se fundó el barrio y la lucha no ha sido fácil, esperamos que la administración finalmente lo haga”.
El proceso de legalización de los tres barrios empezó en el año 2019, pero fue largo y tedioso. Bajo la administración de los actuales gobernantes locales: Iral como gobernador y Pablo Acosta como alcalde de Inírida, se trabajó durante tres años para llegar al feliz término.
Sin embargo, fue la comunidad la que realmente logró presionar para agilizar la firma de la resolución, que debía ser emitida por la Alcaldía de Inírida. El 3 de febrero pasado convocaron al alcalde a una reunión en la caseta de El Jardín, y se pararon en la raya. El gobernador, que también estuvo presente en esa reunión, acusó al alcalde de dilatar la firma de la resolución de la legalización de la invasión, pues según dijo, ésta estaba sobre el escritorio del mandatario iniridense desde los últimos meses de 2022. A su vez, el alcalde dijo que no había firmado el documento porque eso lo llevaría a extralimitar sus funciones porque pasaría por encima de una ordenanza de la Asamblea Departamental. La convocatoria de la ciudadanía aquel viernes de inicios de febrero, consistió en dar ultimátum al alcalde Acosta: si no firmaba en un término de 10 días hábiles, harían un gran paro en la ciudad, amenazando incluso con tomarse el aeropuerto local.
Pero Acosta cumplió lo prometido ese día, y diez días después, el 17 de febrero, estaba sentado en la mesa principal junto al gobernador Iral, para darle vida a tres nuevos barrios de la ciudad.
“Inírida se está expandiendo”, dijo el alcalde a la comunidad, momentos antes de firmar la resolución 0063 del 7 de febrero de 2023, “por medio de la cual se reconoce y legaliza urbanísticamente los asentamientos humanos Casa Blanca, El Poblado y El Jardín, en el Municipio de Inírida, sobre el predio identificado con cédula catastral No. 00-00-0000-0058-000, con matrícula inmobiliaria No. 500-40692, de propiedad de la Gobernación del Guainía”.
“De verdad que si no se hubiese hecho esa reunión hace un mes (el 3 de febrero), no hubiésemos tampoco adelantado nada. Nos disculpan si de pronto dimos presión, pero es que ya llevamos 9 años con eso y no podíamos esperar más, siempre en todas las reuniones, otra reunión, otra reunión, otra reunión”, dijo en público una líder del barrio El Poblado.
Una señora de camiseta amarilla que se apresuró a tomar el micrófono para hablar en nombre de la comunidad, dijo: “la alegría que ustedes traen hoy a estas ocupaciones, es inmensa”.
“Muchos de nosotros no creíamos, pero fue un hecho histórico”, dijo don Benjamín Diaz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Casa Blanca.
Esa era la gran noticia de la que hablaba el gobernador Iral al inicio de la reunión, el motivo de la entonación de los himnos. Después de nueve años, Inírida tenía tres barrios más legalmente establecidos. “Yo me voy con la satisfacción del deber cumplido con legalizar la ocupación de hecho y de verdad ponerle la energía que ustedes tanto esperan”, dijo el mandatario departamental.
“Podemos decir que estamos cumpliendo”, dijo a su vez el alcalde, y dejó una indirecta para la gente que días antes lo presionaba (incluyendo al gobernador) por la firma de la resolución: “pero podemos decir que las cosas hay que hacerlas de la mejor forma, no podemos permitir que todo este esfuerzo que se ha hecho se derrumbe o se presenten las demandas o situaciones que impidan seguir con esta legalización, por ende, fuimos cuidadosos en hacer la revisión y las consultas”.
Casi a las cinco de la tarde de ese 17 de febrero, con un pálido sol en la distancia, sonó por segunda vez el himno del Guainía como telón fondo, mientras las diferentes autoridades firmaban la resolución.
Legalizar para acceder a los servicios públicos
Durante años, los habitantes de las tres invasiones venían reclamando por el servicio de electricidad. En reiteradas oportunidades los comuneros denunciaron que alumbraban sus casas con velas, que sus hijos hacían las tareas en la penumbra, y que la falta de luz motivaba la delincuencia en el sector.
Pero sin la legalización de los barrios, los gobernantes estaban impedidos para realizar cualquier inversión de recursos públicos.
“Esta fue la primera esta, que fue legalizar urbanísticamente. Ahora sigue la segunda etapa que es energización y la tercera etapa, el tema de reubicación de las personas que están dentro de la ronda hídrica, para que tengan conocimiento las personas que están allí no se les podrá poner servicios públicos porque eso no lo permite la ley”, dijo Iral.
Según el gobernador, energizando los barrios se suple uno de los servicios fundamentales. “Si tenemos energía en nuestra casa, podemos tener agua y eso sería satisfactorio para cada uno de ustedes”, dijo.
“Esto apenas es un comienzo pero es el paso más importante que necesitábamos, como es la luz, algo vital”, manifestó la líder de la camiseta amarilla.
Iral se comprometió a poner las acometidas de las casas, “porque sé que muchos no tienen para eso. Voy a aportar ese granito de arena”, dijo entre aplausos del público. “Si es posible y me alcanza, voy a aportar el alumbrado público”, aseguró.
Durante su intervención, el alcalde Acosta precisó que “como presidente de Emelce, vamos a comprometernos a que se haga lo más pronto posible”.
Según el gobernador, llegar con la energía eléctrica a Casa Blanca, El Poblado y Jardín podría tardar cuatro meses. Si todo fluye, Emelce estaría instalando los primeros postes a mediados de junio de este año.
¿Qué sigue?
En los tres nuevos barrios de Inírida hay cerca de 1.250 lotes (la mayoría con casas) que oficialmente pertenecen a la Gobernación, por eso, las autoridades deben trabajar en la titulación de esos predios.
“Lo más bonito es que algún día ustedes van a ser dueños de estos lotes”, dijo el mandatario de los guainíanos. “Que todos tengan en el futuro un predio propio. Que tengan sus escrituras y que algún día puedan decir, esto es de nosotros”.
La tarea del Gobierno departamental será dispendiosa en ese sentido. Debe otorgar la propiedad de esos predios a las personas que en realidad los necesitan, a familias vulnerables.
“Los que tienen dos y tres lotes, qué pena, pero hay que aportarles a los que no tienen. Esto no es para engordar lotes, esto es para la gente humilde que verdaderamente lo necesita”, dijo el gobernador Iral.
El alcalde Acosta también fue enfático en esa solicitud: “Esperemos que esos predios queden realmente para la gente que lo necesite”.
