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Las movidas en el caso de Luis Alfredo Ramos y su nuevo magistrado

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Después de que una polémica tutela, decidida por la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 28 de septiembre, apartó al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas del caso contra el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica, en la Corte Suprema de Justicia se nombró a un nuevo ponente en este proceso.

EL TIEMPO conoció que, por reparto, el caso de Ramos quedó en manos del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, el otro integrante de la Sala de Juzgamiento en Primera Instancia, creada en el 2018, con la ley de doble instancia para aforados.

Ahora, también por orden de la Judicatura, Caldas tendrá que elaborar una nueva ponencia sobre la que debe decidir la Sala de Juzgamiento. Como Torres fue apartado por el fallo de tutela y la tercera silla de esa sala está vacante -tras la renuncia de Ramiro Marín- tendrá que buscar un conjuez para que decida con él en el caso Ramos.

(Lea también: En medio de polémicas, se mueven fichas para fin de Sala Disciplinaria).

La decisión de apartarlo del caso -decida por la magistrada eterna, Julia Emma Garzón, quien lleva 12 años atornillada al cargo- fue duramente criticada por el magistrado Torres, en un documento conocido por este diario en el que pidió anular el fallo.

Torres dijo que la decisión era arbitraria pues, sin ninguna prueba, la Sala Disciplinaria lo sacó del caso endilgándole responsabilidad de la filtración de una supuesta ponencia que fue revelada por Noticias Uno en julio pasado, y que señalaba que Torres había propuesto condenar a Ramos a 19 años de prisión por nexos con paramilitares.

También dijo que lo que buscó Ramos a toda costa -con recusaciones que le habían sido negadas y ahora con la tutela- era sacarlo del caso, y lo logró. Incluso, el magistrado aseguró que la Judicatura estaba dando pie para que sea el procesado quien escosa al juez que quiere que lo juzgue.

(Le puede interesar: Corte acata tutela de Sala Disciplinaria pero cuestiona su legitimidad).

El giro que ahora da este proceso se suma a la lista de movidas que ha tenido en la Corte Suprema de Justicia esta investigación, que se inició en el 2013, cuando Ramos era precandidato presidencial por el Centro Democrático y fue capturado. Tres años después fue dejado en libertad cuando la Corte levantó en su contra la medida de aseguramiento.

Antes de llegar a la Sala Especial de Juzgamiento, el proceso estuvo en el despacho del magistrado de la Sala Penal Eyder Patiño. En el 2018, con la ley de doble instancia, se había negado a presentar una ponencia afirmando que la Sala Penal ya había perdido competencia para tomar esa decisión. Al final tuvo que presentarla el 19 de abril de ese año por orden de la Sala Penal. El año pasado la Corte Constitucional, al resolver una tutela de Ramos, ordenó investigar por qué en el 2018 también se filtró un borrador del proyecto de fallo en el que, supuestamente, Patiño proponía condenar a Ramos.

(En contexto: Corte pide investigar filtración de ponencia que condenaba a Ramos).

Contra Patiño la Comisión de Acusaciones compulsó copias el año pasado por una grabación de las autoridades de Estados Unidos en las que se escucha una conversación entre el abogado condenado por el ‘cartel de la toga’ Leonardo Pinilla y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en la que le habla del caso de Luis Alfredo Ramos y dice que la ponencia que tenía Edyer venía negativa, pero la había cambiado por una positiva. También hubo unas declaraciones del exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno, también condenado por este cartel.

Sin embargo, la Sala Plena se negó a apartar a Patiño de su cargo -como en su momento hizo con Gustavo Malo-, afirmando que ninguna de esas grabaciones y declaraciones son claras como para atribuir algún tipo de responsabilidad contra el magistrado y cuestionar su honorabilidad, pues, entre otras cosas, la ponencia que él alguna vez presentó no favorecía a Ramos.

(Más noticias sobre el tema: Los casos que enredan al magistrado Patiño y a Montealegre).

Pero el caso de Ramos también fue mencionado en un polémico expediente: el del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se trata del proceso con el cual, en el 2018, la Sala Penal archivó una denuncia de Uribe contra el senador Iván Cepeda, y compulsó copias para investigar al expresidente por, supuestamente, buscar fabricar testigos contra el congresista del Polo Democrático.

En ese expediente el alto tribunal también compulsó copias para investigar a Luis Alfredo Ramos. Esto porque la Corte entrevistó a Carlos Enrique Areiza Arango, exparamilitar que testificó contra Ramos y luego se retractó afirmando ante el alto tribunal que supuestamente el fiscal le dijo que si no aceptaba el delito de falso testimonio, “le imputaba el de extorsión”, por el que también lo denunció la defensa de Ramos.

(Le recomendamos: ¿Choque de trenes entre Judicatura y Corte Suprema por caso de Ramos?).

Por eso la Corte Suprema pidió indagar las conductas del fiscal de la Unidad de Falsos Testigos y del Juez 16 penal del Circuito de Medellín, por el “cuestionable preacuerdo con Areiza por el delito de falso testimonio” con el que se aceptó su retractación contra Ramos y por ello recibió tres años de cárcel.

Según dijo la Corte en ese fallo, Areiza aceptó el delito “para preservar su vida y reiteró sus temores frente a su seguridad”. En el 2018, tras quedar en libertad y luego de que la Corte pidiera protegerlo, Areiza fue asesinado en un centro comercial en Bello, Antioquia. Por su asesinato, hasta ahora, no se ha reportado ninguna condena ni captura.

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