En medio de una difícil situación económica y operativa se encuentra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Carreño. A través de una acción judicial buscan que la Alcaldía de Puerto Carreño les brinde garantías para seguir operando.
Las quejas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Puerto Carreño por la falta de apoyo institucional no son nuevas. Una radiografía de los últimos años fleja la constante lucha de la unidad bomberil por acceder a los recursos para su fortalecimiento y buen desempeño.
“Falta voluntad política concreta, hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, hemos hecho reuniones y nada”, dijo Dennys Contreras, comandante del cuerpo de bomberos en la capital vichadense.
En octubre de 2018, por ejemplo, se declararon en ‘cese de actividades’ debido “a la negligencia, falta de colaboración […] pues no han transferido los recursos por Tasa Bomberil y presupuesto recaudado desde el año anterior y hasta la fecha, pese que se ha presentado la documentación correspondiente”. Por esa época, la sede de bomberos estaba sin servicio de electricidad por una deuda de nueve meses con la empresa Electrovichada, entre otras falencias de operatividad y servicio.
Durante el primer semestre del 2019, la entidad de socorro estuvo sin electricidad por al menos dos meses, realidad que impedía el bombeo y extracción del agua para sofocar incendios, y el funcionamiento de alarmas.
Otro cese de actividades motivado por la falta de recursos se presentó entre finales de diciembre de 2019 y enero de 2020. Como una manera para ‘apagar el incendio’, el gobernador de Vichada Álvaro León y el alcalde de Puerto Carreño Jair Beltrán se reunieron con los representantes del cuerpo de bomberos y llegaron a un acuerdo para reactivar las actividades.
La situación en 2021 no ha sido distinta. “Este año la contratación que tuvimos fue desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril y justo después de finalizado el convenio se presentó un incendio estructural donde resultó lesionado uno de nuestros bomberos”, explicó la comandante Contreras.
La razón de todas esas protestas y reclamos es la misma: falta de apoyo permanente por parte de las instituciones gubernamentales.
‘Les pisan la manguera’
En Colombia la actividad de los cuerpos de bomberos está regulada por la Ley 1575 del año 2012. Allí se definen unas obligaciones a cargo de las entidades territoriales: al municipio le corresponde la responsabilidad de garantizar que la población de su territorio tenga vigente el servicio público bomberil.
Dicho mandamiento puede hacerse de dos formas: creando un cuerpo de bomberos oficial o contratando un cuerpo de bomberos voluntarios existente en la localidad.
En Puerto Carreño solo existe un cuerpo de bomberos, y es voluntario. Eso indica que la única opción de la administración municipal es contratarlos, para dar cumplimento a Ley 1575 de 2012. Sin embargo, año tras año, lo que hacen los gobernantes es generar cortos convenios con ese cuerpo de bomberos, principalmente a inicio y final de año, justo para la época de verano, periodo en el que habitualmente se presentan incendios forestales en la región.
Pero, desde el Cuerpo de Bomberos de Puerto Carreño han insistido -con justa razón- que las contrataciones o convenios deben ser durante todo el año. “Es drástico, no tenemos convenio y no podemos salir ante una emergencia porque la ley nos ampara, no se puede hablar de omisión por parte nuestra si no tengo con qué salir a salvar vidas y bienes”, dijo Dennys.
Del clamor al litigio
Buscando soluciones, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Puerto Carreño entabló ante el Juzgado Quinto Administrativo de Villavicencio (Meta) una acción judicial contra la administración municipal, en aras de exigir el cumplimiento efectivo de la ley que rige la materia.
“Nuestras pretensiones están dirigidas a que un juez de la república le ordene al municipio que adelante las gestiones correspondientes para tener garantizado un cuerpo de bomberos contratado, con infraestructura, capacitados con dotación y equipos. No fueron pretensiones grandes, solo lo básico para poder responderle a la población”, explicó Marcos González, el abogado de los bomberos.
“Consideramos que la Alcaldía de Puerto Carreño incumple la norma, no les garantiza a los ciudadanos el acceso a los servicios públicos, en este caso, medio ambiente, seguridad y prevención de desastres”, precisó González.
Pero esta acción judicial no es la primera que realiza el organismo de socorro. En el 2010 un fallo ordenó al departamento y al municipio a fortalecer el cuerpo de bomberos. Gracias a eso es que en la actualidad la unidad bomberil cuenta con máquinas extintoras, que hoy por hoy se encuentran inoperantes por falta de baterías y otras autopartes.
Frente a la actual acción popular, EL MORICHAL conoció que la Alcaldía de Puerto Carreño solicitó al Juzgado descorrer (cerrar) el traslado de la demanda, argumentando que “el municipio en su calidad de ente territorial categoría VI, y de acuerdo con el presupuesto, ha dado cumplimiento a las disposiciones legales, relacionadas con el auxilio y/o asistencial servicio voluntario de bomberos”.
La administración municipal también alega que el Cuerpo de Bomberos no ha hecho un adecuado manejo de los recursos económicos que recibe gracias a la estampilla bomberil. “Los bomberos voluntarios no tienen salario y dentro del presupuesto se encuentra una alta partida para pagos de salarios, siendo esto contrario a la ley de voluntariado”.
En su defensa, la Alcaldía también indica que el cuerpo de bomberos voluntarios no reúne los requisitos para prestar el servicio en debida forma, por no estar certificados. Y precisa que “tiene previsto la creación de un cuerpo oficial de bomberos voluntarios de Puerto Carreño”.
La falta de certificación por parte de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia es un punto en contra de los bomberos de Puerto Carreño, que se da principalmente por la escasez de recursos que vienen denunciando hace años. “La ley dice que el responsable de tener un cuerpo de bomberos es el municipio, igualmente, son los encargados de reconocernos como institución, de brindarnos dotación, mantener el personal capacitado y de brindar una infraestructura digna para la comunidad”, aseguró la comandante Contreras.
Por ahora los 16 bomberos activos de Puerto Carreño no tienen otra opción que esperar la decisión judicial. De eso dependen para retomar la atención de emergencias o cesar actividades definitivamente, después de 40 años de trabajo.
