Con la elección de ponentes y su presentación oficial en el Congreso de la República, la semana pasada quedó todo listo para que comiencen los debates de la ley de financiamiento, una de las prioridades del Gobierno Nacional en este momento, puesto que de allí saldrá la plata que se necesita para financiar el hueco que tiene en el Presupuesto General de la Nación del 2025.
En varias ocasiones el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que es una propuesta fiscalmente sostenible y que no pone en riesgo las finanzas del Estado, ya que se vale de las herramientas que da la ley para generar recursos, razón por la cual invitó al Congreso en su momento a que se debata a conciencia.
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“Este proyecto tiene 37 artículos y se divide en tres títulos, que hacen parte de lo formal en esta estructura, relacionados en primer lugar con los aspectos de reactivación económica, en segundo lugar con aspectos de cambio climático y tercero, con el fortalecimiento de la fiscalización, que son medidas operativas de la Dian”, indicó en la radicación oficial.
Bonilla González explicó a los congresistas que “lo que queremos, trabajando desde tres frentes es, por ejemplo, propiciar y contribuir a la reactivación por medio de incentivos de carácter tributario. Así mismo, revisar algunos impuestos complementarios para financiar algunos componentes del Presupuesto del 2025, por medio de la lucha por adaptarnos al cambio climático”.
Proyecto de ley de financiamiento.
Archivo particular
Si bien desde las conversaciones del Presupuesto 2025 se dijo que este proyecto sería una prioridad tan pronto se radicara, teniendo en cuenta el papel que juega en las proyecciones de ingresos del otro año, las prioridades del Legislativo parecieran ser otras en este momento, ya que no se tiene en agenda.
Portafolio habló con los coordinadores ponentes del proyecto para conocer el estado del proceso y constatar que, por ejemplo, no hay mensaje de urgencia desde el Gobierno Nacional, por lo que sus tiempos de aprobación serán ajustados, ya que si todo sigue así, deberá cumplir con cuatro debates, dos en Cámara y dos en Senado.
La representante Saray Robayo, del Partido de la U, aseguró que más allá de la designación de quienes liderarán el proceso, no se ha dado el espacio para concertar ideas y posiciones, tanto del Gobierno Nacional, como de los sectores interesados en las empresas, academia, autoridades monetarias y los mismos partidos políticos.
“La semana pasada nombraron ponentes de la Ley de Financiamiento, pero hasta el momento no hemos iniciado reuniones. Aún hace falta. Como lo hemos dicho desde el Congreso, el país necesita planeación y ejecución. No se necesita aumentar el costo de vida de las personas y menos generar inestabilidad, por eso es que lo estamos tomando con calma y responsabilidad”, contó.
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Robayo Bechara agregó que por el momento no tiene mensaje de urgencia; aunque explicó que los tiempos aún se dan, teniendo en cuenta que la legislatura va hasta el 16 de diciembre y el Gobierno podría citarlos a sesiones extraordinarias, porque este es un proyecto de ley ordinario.
Por otra parte, María del Mar Pizarro, quien también coordina la propuesta, acotó que “lo que está buscando esta reforma tributaria no es cobrarle más impuestos al colombiano de a pie, sino cobrarle más impuestos a aquellos que tienen unos ingresos supremamente altos y a temas como el petróleo y el sistema bancario, lo cual es una muy buena noticia para los empresarios y sobre todo para los microempresarios”.
Pesos colombianos
iStock
“Inmediatamente se aprueba esta ley de financiamiento, se baja el impuesto de renta de un 35% a un 27% a micronegocios, y también se le baja el impuesto de renta progresivamente a la pequeña y mediana empresa. Los que pagan impuestos en los juegos de azar son los juegos de azar que no están en plataformas digitales. Entonces se nivela la cancha, ahora todos los juegos de azar van a tener que pagar impuestos”, agregó.
Fatiga tributaria
Una de las advertencias más frecuentes respecto a la ley de financiamiento, tanto desde lo político, como en lo económico, es que el palo no está para cucharas, ya que la economía no pasa por un buen momento y esta dinámica contractiva se ha visto en frentes como el recaudo tributario a lo de esta vigencia, llegando incluso a tener que cortar el Presupuesto.
Cabe recordar que para expertos como José Ignacio López, presidente de Anif, los cambios tributarios que ha vivido el país en los años recientes han generado una “fatiga” en el aparato productivo y la capacidad de generar nuevas empresas y emprendimientos.
“Yo creo que en este momento, dado que hay una fatiga tributaria tan grande en el país, yo veo muy difícil por ejemplo el ambiente de ponerle financiamiento en este momento, yo creo que vamos a tener que hacer una revisión exhaustiva de la calidad del gasto y cómo priorizar esos recursos”, sentenció.
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Entre tanto, Juan Carlos Valencia, socio en Holland & Knight, resaltó que la economía colombiana no ha logrado pasar a una senda de reactivación y esa debilidad de la economía unida a las propuestas particulares que presentó el gobierno en el proyecto de ley de financiamiento llevarían a pensar que este no sería el momento adecuado para incrementar el gasto público y promover mayores alzas en la tributación.
“Desafortunadamente, no encuentro aspectos positivos en el proyecto. En primer lugar, es indiscutible que el cumplimiento de la regla fiscal le ha permitido a Colombia ubicarse en una posición privilegiada y acceder a los créditos requeridos a tasas razonables. Así mismo, la propuesta tendiente a flexibilizar la regla fiscal, independientemente de la finalidad del mayor gasto público, ha recibido todo tipo de críticas y cuestionamientos de la comunidad financiera internacional”, dijo Valencia.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Archivo particular
Si bien para el Congreso hay tiempo suficiente, este experto en asuntos tributarios recordó que en la práctica sólo resta un mes y medio de actividad legislativa y que con el cúmulo de proyectos que ya están en su recta final, no parece responsable proponer este debate en forma apresurada, sin los análisis y consensos que serían requeridos.
“El Congreso ya envió un mensaje muy claro al rechazar el presupuesto por $523 billones. Este hecho lleva a considerar si un presupuesto por decreto que replique ese mismo monto carece de la representación que la Constitución exige tanto para los ingresos como para los gastos públicos”, concluyó.
En total son $12 billones los que espera recaudar el Gobierno Nacional con esta iniciativa o de lo contrario deberá reducir sus proyecciones de gasto para el 2025, ya que la ley no permite que los ingresos sean menores que los egresos en el Presupuesto General de la Nación o de lo contrario se violaría el principio de equilibrio para esta norma.
