Con el comienzo del nuevo período legislativo, el Gobierno Nacional se alista para poner en marcha las iniciativas que anunció de cara a un eventual plan de reactivación, en las que contempla el aumento del cupo de endeudamiento, adelantar el cumplimiento de la regla fiscal y una ley de financiamiento, además del proyecto de Presupuesto General de la Nación, que viene con un recorte a la inversión.
El debate de presupuesto y la ley de financiamiento fueron protagonistas esta semana, no solo por la radicación de las cuentas por $523 billones para el próximo año, sino porque parte de este dinero quedó en un “espacio contingente”, cuya ejecución concreción dependerá de que se apruebe el cambio tributario que llegará al Legislativo.
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Entre lo que ha dicho hasta el momento el Ministerio de Hacienda, esta ley de financiamiento buscará recaudar $12 billones para así completar la plata que le hace falta, especialmente en el renglón de la inversión. Sin embargo, en este punto no hay pasar por alto que un reciente concepto del Confis advierte que el hueco es de $24 billones.
Cálculos distantes
En esta parte, el debate tiene dos aristas, totalmente opuestas, en las que por un lado, el Consejo Superior de Política Fiscal, que dio su aval al plan de inversiones del 2025, advierte que el hueco en los rubros de inversión es de al menos $21,4 billones, lo que equivale al 25% de los $82,4 billones que se proyectaron en el proyecto de presupuesto.
En palabras concretas, en este momento el país no tiene gran parte del dinero que piensa ejecutar el otro año y por esto amarró la inversión a que el Congreso le avale su apuesta tributaria y así pueda generar ingresos adicionales. Así mismo, esta primera cuenta da luces de la magnitud del recaudo que debería lograr el Ministerio de Hacienda, que por ahora queda claro que será más alto que la reforma tributaria del 2022, que fue de $20 billones.
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No obstante, desde el Gobierno ya se dijo que no será tanto y que apenas irán por los $12 billones que se mencionaron inicialmente. Para Jairo Bautista, director de Presupuesto de la cartera de Hacienda, factores como los cambios en la aplicación de la regla fiscal que piensan hacer y a un ajuste en las cuentas de ingresos de la Dian, jugarán a favor de la caja de la Nación el próximo año.
Este funcionario explicó que “de alguna manera, adelantar la regla fiscal nos da un margen mayor de rentas de capital, unido a una recalibración de los ingresos de la Dian, porque pasamos un modelo que nos permitía tener un poco más de holgura en el ingreso, sin tener exageración, y adicional a eso un recálculo de los rendimientos financieros que podríamos obtener y eso nos cierra esa brecha de esos $12 billones”.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Archivo particular
Cabe resaltar que este último análisis no ha sido validado por el Confis, razón por la cual, las proyecciones del Minhacienda, si bien le marcan una hoja de ruta, todavía no cuentan con un respaldo por parte de las autoridades fiscales del país. Esto sin contar que nuevamente se dependerá de factores externos para cumplir con el gasto.
Impuesto de renta
Para entender un poco mejor lo que se podría esperar frente a la Ley de Financiamiento que alista el gobierno Petro, Portafolio conversó con Juan David Velasco, socio de Baker McKenzie en Colombia y profesor de Derecho de la Universidad de Los Andes. quien arrancó explicando que al hablar de una iniciativa de este tipo, no solo se busca un aumento de los ingresos fiscales, sino que se abarca el gasto de funcionamiento y las inversiones.
“Teniendo en cuenta que el capital político del Gobierno parece estar debilitado para presentar esta norma en el Congreso y que no tiene el apoyo de los gremios, lo que vemos es que se está llevando a que se genere un debate en el terreno de la inversión social, que ha sido la bandera de esta administración. Para así obviar recomendaciones como la del recorte del gasto que se ha planteado”, expresó.
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Más allá de la apuesta de Hacienda, según Velasco, la economía y las empresas colombianas no están en condiciones de soportar un aumento significativo en la carga tributaria. Recordando que la reforma tributaria de 2022, que, en su concepto, fue contracíclica y perjudicial, ya ha afectado negativamente la inversión y asfixiado a las compañías.
Impuestos.
iStock
“Si uno mira los informes de la autoridad tributaria en términos de recaudo, uno aprecia que si bien en este momento la renta está pesando un poquito más que el IVA, históricamente era al contrario y el IVA recaudaba mucho más. Ante eso uno se pregunta por qué el Estado colombiano sigue insistiendo en la terminación de renta de empresas asfixiándolas”, indicó.
Personas naturales
Respecto a los sectores que más se podrían ver afectados con la ley de financiamiento, Juan David Velasco pone sobre la mesa que el mismo Gobierno ya anunció que buscará bajar la renta para personas jurídicas del 35% al 30% y que la caída del recaudo tributario por esto se calcula entre $10 billones y $12 billones; dos factores que llevarán a que se tenga que buscar la plata en otro lado.
En este sentido sostiene que para compensar la pérdida de ingresos por la reducción de la tarifa de renta jurídica, el camino pone todo hacia el IVA, mediante la eliminación de exclusiones y exenciones. Este ajuste implicaría ampliar la base gravable de este impuesto, afectando a una mayor cantidad de bienes y servicios, aunque deja claro que es un tema políticamente sensible y podría generar un impacto social significativo.
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“Está claro que el Gobierno tendría que intervenir el IVA para lograr la meta de mayor recaudo de $24 billones que propone el Confis para inversión contingente y gasto de funcionamiento contingente. Esto toma más fuerza si se suma la proyección de la caída que ya mencionamos por la renta jurídica. Esa es una plata que hay que buscar y no hay muchos caminos para tomar”, sostuvo Velasco.
Posteriormente, este experto cerró esta charla sugiriendo que la mejor reforma fiscal sería reducir el gasto de funcionamiento del Estado, que es uno de los mayores rubros de gasto público después del servicio de la deuda. Esta reducción podría evitar la necesidad de aumentar los impuestos y, al mismo tiempo, no afectar la inversión social y en infraestructura.
