El proyecto de ley de financiamiento que presentó esta semana el Ministerio de Hacienda para recaudar los $12 billones que le hacen falta en el Presupuesto del 2025, está lejos de dar tranquilidad a los colombianos y al Congreso, ya que sus cuentas siguen generando dudas en aristas como el recaudo y la posibilidad de que si no se materializa como espera el Gobierno, se tengan que hacer nuevos recortes al gasto.
El ministro Ricardo Bonilla defiende la iniciativa, argumentando que es necesaria para garantizar la inversión social en las regiones y que los cambios tributarios que se plantearon, sólo impactarán a los más ricos del país. No obstante, la propuesta tiene varios artículos que no convencen, especialmente en el manejo de la regla fiscal y las proyecciones de recaudo que se siguen dando a la Dian.
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Una de las alertas más recientes está en el “componente verde” de la ley de financiamiento, que ha sido vista por algunos sectores como un ‘mico’ que abriría la puerta para que se flexibilice la regla fiscal y el Gobierno pueda aumentar sus márgenes de deuda, pasando por alta las normas que regulan este tema, generando un impacto en la imagen ante las agencias calificadoras y organismos internacionales.
Colores a la regla
En su articulado y justificaciones, el proyecto pone sobre la mesa la posibilidad de incorporar un componente verde dentro de la Regla Fiscal actual para promover una acción climática sostenible. Esto con el fin de promover inversiones, encaminadas a reducir el pasivo ambiental y orientar recursos a estrategias de mitigación al cambio climático y de conservación ambiental”
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
Según el Minhacienda, también busca “fomentar el proceso de transición energética justa, a partir de la ejecución de proyectos que permitan la transformación de la matriz energética del país, migrando hacia energías renovables que garanticen el desarrollo sostenible en el largo plazo”.
Ahora bien, para lograr esto, el Gobierno pide que se le avale un espacio de gasto adicional de manera transitoria “que es consistente con la institucionalidad actual en torno a la Regla Fiscal. Este espacio de gasto, junto con el esfuerzo de otras unidades de Gobierno, cooperación internacional, y sector privado, contribuirá a cerrar la brecha del financiamiento climático del país”.
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“La propuesta plantea que el componente verde de la Regla Fiscal, excluido del Balance Primario Neto Estructural, sea, como máximo, de 0,3% del PIB anual entre 2025 y 2030 (1,8% acumulado), y de 0,15% adicional entre 2031 y 2035 (0,75% en total)”, acotaron.
Por otra parte, ya en el articulado deja claro que lo que se quiere es que la Regla Fiscal excluya de manera transitoria, las inversiones verdes que se realicen durante cada vigencia. Dicho de una forma simple, se abre la puerta para que el país se endeude sin que esto se sume en las cuentas que buscan evitar un desbalance fiscal.
Flexibilización de las normas
Frente a esta propuesta, el Centro de Estudios Económicos Anif sostiene que es una idea que socava la regla fiscal y afectará la imagen de Colombia ante los organismos de crédito internacional, lo cual podría derivar en préstamos más caros a futuro, no sólo para el Estado, sino para las empresas y la gente en las calles.
Pesos colombianos
“Resulta inconveniente introducir la noción de Regla Fiscal verde. Ponerle colores a la Regla Fiscal es socavarla, lo que en últimas se traducirá en una pérdida de credibilidad de la institucionalidad fiscal, y en mayores tasas de interés para el Gobierno, las empresas y las familias colombianas”, dijo José Ignacio López, presidente de Anif.
Entre tanto, para el rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nuevamente se está cayendo en un debate que parecía cerrado por los efectos nocivos que podría generar un cambio de estos para la economía local. Así mismo, dejó claro que no se puede tocar la regla fiscal, sin importar el color que se le ponga, ya que esto es jugar con la confianza inversionista.
“Eso significa flexibilizar o relajar la regla fiscal y que algunas inversiones denominadas verdes, ahora ya no entran en el cálculo del déficit o del balance primario, y por lo tanto lo que hace es que eleva la capacidad del Gobierno Nacional para financiar gastos adicionales, con cargo al mismo resultado que establece la regla fiscal”, arrancó diciendo.
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Vale la pena destacar que la Regla Fiscal es un compromiso que tienen los Gobiernos de tener buenas prácticas con el uso de los recursos de la sociedad, eludir excesos de gasto, ser responsable con los recaudos y evitar un exceso de endeudamiento sobre todo.
“Es por eso que lo que se propuso es una manera de relajar el gasto público, elevar el déficit fiscal y aumentar la deuda pública con respecto del PIB. A futuro no genera credibilidad en los mercados, por lo tanto podría eventualmente elevar prima de riesgo país, elevar tasa de cambio o elevar los costos de financiamiento público, dándole menos espacio a la inversión en el país”, sostuvo José Manuel Restrepo.
Alternativas diferentes
El ‘mico’ para flexibilizar la regla fiscal no es el único punto de crítica para la ley de financiamiento, puesto que también se ha dicho que no cumple con la función de financiar los $12 billones que necesita el país para cuadrar la caja en el Presupuesto del otro año, que depende de otros cambios como adelantar el cumplimiento de la regla fiscal y que a futuro no genera mayores recursos para la Nación.
Debido a esto, para el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, es necesario seguir presionando para que el gobierno Petro sincere aún más sus cuentas y reconozca que no hay plata para gastar en todo lo que quiere y que puede empezar por recortar el funcionamiento en las entidades que se pueda.
Los recursos captados se han usado para créditos que financien proyectos de infraestructura con impacto ambiental. Ofreciendo, a su vez, una mejor reputación empresarial y mejores tasas de interés.
“No más mentiras. La tarifa mínima de tributación a empresas aumenta el impuesto para todas las empresas de bajo margen; porque es renta presuntiva. Eliminar régimen simple de tributación aumenta impuesto a Mipymes y aumenta nivel de informalidad y aumenta la ganancia ocasional, con lo cual se generan mayores impuestos a las empresas. De ñapa, engaña a transportadores al aumentar impuestos a los combustibles por impuesto al carbón”, concluyó.
Al interior del Congreso de la República los ánimos para sacar adelante este proyecto no son los mejores, puesto que algunos sectores sostienen que es mejor dejarla para después y concentrarse en la optimización del gasto público para quedar en sintonía con las necesidades de recursos y la iliquidez en la caja del Estado, mientras que desde Casa de Nariño siguen amenazando con recortar la inversión.
