Cuando se creía que todo estaba servido y que finalmente esta semana quedarían listos los requerimientos para aprobar la ley de financiamiento en sesiones extras, el trámite de este proyecto está dando un giro inesperado ante la negativa de varios congresistas a respaldar la propuesta del Ministerio de Hacienda, que no desiste en buscar la aprobación.
Aunque al parecer se introdujeron varios cambios y el Gobierno negocia algunos puntos que en un principio eran inamovibles, el texto final de la ponencia oficial sigue sin gustar a los legisladores, al tiempo que tampoco se ha concretado el llamado a sesiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
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Portafolio conversó con varias fuentes en el Congreso y confirmó que las dos últimas sesiones de las comisiones que deben definir si pasa o no el proyecto a plenarias, se tuvieron que cancelar porque no hubo quórum y que únicamente estarían acudiendo a dichos llamados, los sectores políticos más cercanos al presidente Petro.
Incluso, una fuente del alto gobierno le reconoció a este medio que «sí, hoy no se logró presentar; está difícil el Congreso».
Todo esto, a pesar de que la ponencia oficial, que se espera radicar antes de que acabe la semana, incluye 22 proposiciones que han hecho los congresistas, como eliminar los artículos 7, 8 y 9, del proyecto que se conoció en septiembre, mediante los cuales se busca modificar las tarifas aplicables al impuesto sobre las ganancias ocasionales, estableciendo un porcentaje fijo del 20% en diferentes escenarios.
Debate presupuesto nacional
César Melgarejo/ CEET
De igual forma, entre los cambios a los que habría accedido el Gobierno también está la supresión del artículo 25 que modificaba el Estatuto Tributario para quitar la exención de IVA a los vehículos híbridos y la dejaba sólamente para los eléctricos. Esto había sido catalogado en su momento como una medida que iba a frenar el dinamismo del sector automotriz, sin dar mayores beneficios a los ingresos de la Nación.
En lo que concierne al Impuesto al Patrimonio, la propuesta que se habría concertado entre el Ministerio de Hacienda y las comisiones económicas es que aplicara desde las 72.000 Unidades de Valor Tributario, como está actualmente y no desde las 40.000 UVT que se plantearon en su momento desde el Ejecutivo.
Por último, entre lo que quiere la Casa de Nariño para recaudar los $12 billones que le hacen falta y lo que el Congreso habría aceptado, están los impuestos al carbono y a las apuestas y juegos de azar en línea, aunque bajo los principios de gradualidad que se mantendrían entre los 3 y 5 años.
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No más impuestos
Dentro de las preocupaciones que desde el Senado y la Cámara contaron a Portafolio, está que varios congresistas no quieren que se le impongan más tributos a los colombianos en estos tiempos de desaceleración marcada, por lo que su apuesta principal sería jugársela por el alivio de adelantar la regla fiscal, que tampoco convence a ciertos sectores.
Este es el caso de la senador Angélica Lozano, que por medio de sus redes sociales recordó que el Comité Autónomo de Regla Fiscal no ve con buenos ojos que se haga esta movida con las finanzas del Estado, ya que sólo incentivaría el uso de los recursos de deuda, manteniendo la presión fiscal a futuro.
“El Carf deja claro que es incoveniente modificar la regla fiscal para aumentar espacio de gasto y deuda. La mejor Ley de Financiamiento es sincerar las cuentas, ser responsables y reducir el gasto con metas realistas”, dijo Lozano en su cuenta de X.
Concretamente, lo que señala la autoridad fiscal en este punto es que “los elementos de la Ley de Financiamiento que autorizan un mayor nivel de gasto financiado con deuda resultan inconvenientes en la medida en que se sigue aumentando la presión de gasto sin contar con fuentes estructurales de ingresos”.
Pesos colombianos
Todo esto, según el Carf “en un contexto en el que la deuda no se ha estabilizado en su ancla de mediano plazo y los intereses se mantienen en niveles superiores a 4,5% del PIB”.
Si bien desde el Ministerio de Hacienda están cediendo, puntos como el impuesto al carbono o que se cree que la ley no pasará y que esto se traduciría en un alto costo político, sin contar con el mal momento que vive el ministro Ricardo Bonilla por los recientes señalamientos en su contra, mantienen la aversión de los legisladores frente a apoyar el proyecto de ley de financiamiento.
Ponencia negativa
Por último, hay que decir que comenzando la semana se radicó ante el Congreso una primera ponencia negativa a la reforma tributaria que promueve el gobierno Petro. La iniciativa se presenta al considerar que la también conocida como ley de financiamiento es ‘inconveniente’ en el contexto económico actual.
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El texto de ponencia señala que «la situación económica del país es compleja». En especial, consideran que después de la contratación que se registró en 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) «ha mostrado una recuperación lenta y desigual».
Así mismo, recalca que sectores, como el público, ya comienzan a sentir las restricciones de los recortes presupuestales del Gobierno.
Entre otras cosas, la ponencia señala que si bien el proyecto de ley busca reducir la tasa corporativa de renta a partir del 2025 y de forma diferencial de acuerdo a su renta líquida gravable, también extiende el impuesto al patrimonio para personas jurídicas.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda
César Melgarejo/ El Tiempo
De la misma manera, se aumenta la tarifa mínima de renta a un 20% y se elimina el impuesto simple, compensando así la disminución, por un lado, con el aumento y, por el otro, llevando a que la tasa efectiva de tributación se mantenga y que, en algunos casos, se incremente.
El representante del Centro Democrático, Christian Munir Garcés, señaló que este tipo de planteamientos a la larga podrían «espantar» la inversión y hacer que las empresas sean menos competitivas.
Por ahora quedará esperar si el Gobierno Nacional logra convencer a las comisiones económicas de que lo apoyen en esta cruzada para lograr la plata que no tiene del Presupuesto General de la Nación del 2025, mientras que desde ya se augura que en la Comisión Tercera del Senado habría mayorías para hundir el proyecto.
