El presupuesto General de la Nación (PGN) para 2022 finalmente fue aprobado por el Congreso. El texto, compuesto por 141 artículos, recibió la luz verde del Senado el martes en la noche y de la Cámara en la madrugada de ayer, y ahora está a la espera de ser sancionado por el presidente Iván Duque, luego de que la Cámara se acogió al texto aprobado en el Senado.
Las corporaciones aprobaron el texto con pocas modificaciones frente a lo que llegó para el segundo debate en las plenarias, y dos puntos fueron el centro de la discusión del proyecto: el artículo 104, que permitía el traslado exprés a Colpensiones a cerca de 19.000 personas, el cual se cayó, y por otro el artículo 125, que modifica la Ley de Garantías, y que sí recibió luz verde del Congreso.
(Qué fue lo que aprobó el Congreso en el Presupuesto General 2022).
Este último punto es el que más polémica ha generado por las implicaciones que podría traer de cara al año electoral. La norma prohíbe a mandatarios locales celebrar convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección, una medida que busca blindar a los contratos de las presiones políticas en la contienda electoral.
Ahora, con la aprobación del presupuesto se dio vía libre para que se celebren estos contratos desde la publicación de la ley, y durante el próximo año, y según el articulado, esto sería “con el propósito de promover la reactivación económica y la generación de empleo en las regiones”.
(¿Por qué el ‘traslado exprés’ fue una iniciativa que ‘nació muerta’?).
Para el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, esta aprobación tiene varias implicaciones. El economista reconoce que “es verdad que las prohibiciones de la Ley de garantías pueden obstaculizar el trabajo normal del Estado y sí es cierto que el país necesita reflexionar sobre la cultura que tenemos de tratar de solucionar problemas creando una serie de normas que ponen un montón de obstáculos no solo a los corruptos, sino a quienes hacen las cosas bien”.
Sin embargo, enfatiza en que el hecho de que “se hayan suspendido esas prohibiciones justo antes de elecciones y con relativamente poco debate manda una señal bastante mala”.
Esta no fue la única voz de preocupación por la modificación en la ley. Hace cerca de un mes el Consejo Gremial Nacional (CGN) solicitó eliminar el artículo, y “mantener intactos” los principios de la Ley de Garantías, con el fin de proteger a la contratación estatal y los recursos asociados a esta de los ciclos electorales.
Además, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo del centro de estudios económicos Fedesarrollo, expresó por medio de su cuenta de Twitter que “la modificación de la ley de garantías aprobada permitirá que el Gobierno asigne discrecionalmente recursos del presupuesto a gobernadores y alcaldes durante el proceso electoral. No parece una buena señal”.
(Dos medidas inconvenientes).
Y añadió: “ojalá la Corte Constitucional haga rápidamente un control previo del artículo”.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, “el debate está en que una ley de presupuesto no puede modificar una ley estatutaria, lo que daría lugar a una demanda de inconstitucionalidad, y probablemente la Corte la declararía inexequible”. Sin embargo, detalla que a esto se suma un cronograma complejo, pues por lo general “un trámite de constitucionalidad tomaría hasta nueve meses”.
Si bien el cambio que traería la norma ha generado en su mayoría posiciones en contra, desde el Ministerio de Hacienda se enfatizó en la importancia de estos convenios interadministrativos para la reactivación de la economía.
“La reactivación se dará también en el territorio, permitiendo convenios interadministrativos entre la Nación y los entes territoriales para que haya empleo en los municipios, en los departamentos, y para que haya efectivamente un proceso de reactivación desde las regiones del país”, dijo el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, tras la aprobación del proyecto.
Desde la cartera se destacó que también se incluyó dentro de la ley otro artículo, el 55, que señala que se “exigirá que para la ejecución de dichos proyectos, la entidad territorial publique previamente el proceso de selección que adelante en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y solo se podrán contratar con Pliegos Tipo establecidos por el Gobierno Nacional”.
Pensiones, otro debate
Un punto que también había generado varias posiciones estaba en el artículo 104, que permitía el traslado durante 2022 que algunos cotizantes a pensiones pertenecientes a los fondos privados (AFP) pudieran trasladarse a Colpensiones, el cual pertenece al régimen público.
Esta iniciativa, que inicialmente recibió el aval del Gobierno, por considerar “legítimo” el reclamo de aproximadamente 19.000 personas (hombres mayores de 52 años y mujeres mayores de 47) que habían cotizado al menos 750 semanas en el Régimen de Prima Media, o el sistema público, tendría un costo adicional de $3,8 billones para la Nación.
Finalmente fue sepultada por la Cámara y el Senado, y entre sus principales contradictores estaba Asofondos, el gremio de los fondos privados, que aseguró que a 4 de cada 5 personas no les convendría trasladarse el próximo año debido a que el 73,4 % de los afiliados que cumplen con los requisitos tienen ingresos de uno a dos salarios mínimos.
Los rubros para 2022
El presupuesto para el próximo año se aprobó por $350,4 billones, de los cuales $209,1 billones irán a funcionamiento, $69,6 billones corresponden al presupuesto de inversión y $71,7 billones para el servicio de deuda. El monto total implica un aumento de 5,3% frente a los recursos aprobados para 2021.
Por sectores, los renglones con mayor apropiación para el PGN 2022 son: educación, con $49,5 billones; defensa y policía, con $42,6 billones; salud y protección social, al cual se le asignaron $41,9 billones; trabajo, con $34,7 billones; Hacienda, con $24,3 billones; e inclusión social y reconciliación, al cual corresponden $23,2 billones.
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