En el marco de la polémica que se ha generado con la reforma a la salud presentada en el Congreso, y por una carta de algunos ministros y el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda publicó las cifras en que da cuenta de lo que costaría ejecutar la reforma a la salud en el país.
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En el documento que reveló la revista Cambio y está firmado por los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; el exministro de Educación Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, los jefes de las carteras le hacen reparos al proyecto de ley, en especial al costo de la reforma, al papel de las EPS y al trámite como ley ordinaria.
Los funcionarios del gobierno mencionan que la atención primaria en salud se duplicaría con la implementación de la reforma, pasando de $8,7 billones a $16,9 billones en 2023. Lo que significaría un impacto fiscal de $8,1 billones.
“El Ministerio de Hacienda pone en consideración que el proyecto en análisis, de ser sancionado como ley, produciría un impacto en las finanzas de la Nación”, se lee en el documento, en el cual se precisa que, con la reforma propuesta, el gasto en atención primaria en salud crecería, en promedio, $2,5 billones cada año.
Según mencionó el presidente Gustavo Petro y desde la misma cartera de Hacienda, ese documento se discutió entre los firmantes y miembros técnicos.
(Vea: Álvaro Uribe propone consulta popular para la reforma a la salud).
En consecuencia, desde Hacienda publicaron una nueva tabla de gastos fiscales de la reforma. En el desagregado se puede evidenciar que solo en 2024 los gastos fiscales del proyecto estarían en $9,04 billones.
De estos, $5,49 billones corresponden a gastos directos, entre los que se cuentan los Centros de Atención Primaria en Salud (CAP), el fortalecimiento de la Red Pública, gastos de infraestructura, becas, sistema de información y saneamiento de hospitales. A lo que se suman $3,54 billones de gastos contingentes, que refieren como gastos en infraestructura y en capitalización de Nueva EPS.
Por otra parte, el mandatario se reunió este lunes con algunos presidentes de partidos políticos y acordaron que el sistema de salud sí debe ser reformado, pero les abrió la puerta para que “presenten propuestas para modificar los artículos que consideren deben ser modificados”.
¿Qué implica para el sistema de salud?
Según Cristian Vanegas, consultor en salud, esos altos costos fiscales en el desarrollo de la reforma, “van a generar un hueco”, porque en promedio, “por año se deberían tener $6 billones adicionales a lo que generan los recursos actuales”.
(Lea: Ministra de salud defiende la reforma: ‘impacto fiscal es bajo’).
Así, el experto considera que “entre más recursos requiera el Gobierno para implementar sus políticas de salud, se podría afectar la cobertura o deteriorar la calidad”.
Una de las consideraciones del Legislativo, como menciona Vanegas, para tener esos recursos es “reducir costos con un tarifario único y hacer que más usuarios coticen” pero añade que, “ni el Gobierno ni la economía del país aguantan otra reforma tributaria para solicitar esos recursos adicionales”.
Paúl Rodríguez, economista experto en salud, dice que esos costos fiscales muestran que “esa reforma no es viable, porque tiene un impacto presupuestal muy alto”. A lo que agrega que “sería insostenible e inconstitucional, porque la sostenibilidad es un principio en la ley estatutaria”.
Germán Vargas Lleras presentará contrareforma
El ex vicepresidente y líder natural del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, radicará una contrarreforma a la salud hoy en el Congreso.
Cabe destacar que esta colectividad se declaró como independiente y ha sido una de las más críticas frente a los proyectos que el Gobierno ha presentado en el Legislativo.
La reforma con la que pretenden modificar el sistema de salud en el país no es la excepción y, aunque no se conocen los detalles del documento que presentará Vargas Lleras, él ha manifestado reparos como que con la iniciativa se podría llevar a la “desaparición o muerte del aseguramiento en salud y de sus agentes principales, las EPS”.
(Vea: Petro responde a los reparos de sus ministros sobre reforma a la salud).
Cuestiona que la Adres se encargue de auditar cuentas y asumir funciones que desarrollan las EPS, porque esta entidad no tiene “las capacidades para administrar y mucho menos para contener el gasto”. Adicionalmente, considera que con el articulado se “burocratiza el sistema”.
CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA
