La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer los resultados de una auditoría realizada a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 2023. El reporte se presenta un contexto en el que cerca de 2.000 campesinos se han manifestado en las instalaciones de la entidad para exigirle al Gobierno el cumplimiento de acuerdos pasados con el movimiento campesino.
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Entre los hallazgos que advierte la CGR en su informe se incluye la supuesta falta de ejecución de 645.000 millones de pesos que se transfirieron a un patrimonio autónomo para la compra de tierras. Estos recursos se transfirieron con miras a cumplir la meta de 3 millones de hectáreas para la compra de predios a través del Fondo de Tierras y para la formalización de 7 millones de hectáreas.
No obstante, según señala el documento, al final de esa vigencia «no se efectuó ningún negocio jurídico de compraventa, mostrando con ello, una ejecución de recursos sin que se cumpliera la misionalidad de la entidad, así como los fines y propósitos dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo».
En el texto también se menciona que «la transferencia de recursos a los patrimonios autónomos, en montos significativos, comporta una pasividad de los mismos y, por ende, que estos, no sean direccionados en tiempo y oportunidad para la satisfacción de bienes y servicios, que para el caso de la Agencia es el acceso y compra a tierras».
Por esa misma línea, el ente de control resalta que la ANT pasó de administrar 1,8 billones de pesos en 2022 a 5,2 billones en 2023, lo que evidencia un aumento significativo en los recursos asignados. Considerando esa cantidad y que la entidad cuenta con la misma capacidad administrativa y operativa, destaca que esto representa un riesgo para su efectiva y eficiente gestión.
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Tierras
Archivo EL TIEMPO
Otra de las irregularidades que se detectó de la auditoría tiene que ver con el inventario de activos de la ANT.
Lo anterior se asocia a que el 55,6 % de sus activos corresponde a recursos entregados a través de convenios de asociación y un 36,7 % del total de activos a predios adquiridos por la Agencia y otros que fueron transferidos de entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o los extintos Incoder o Incora.
«Se encontraron 40 predios transferidos por parte de la SAE a la Agencia Nacional de Tierras, los cuales se registraron con valor cero, al igual que 287 predios adjudicables, mediante diferentes resoluciones, incorrección que se establece como incertidumbre significativa por corresponder a la función misional de la entidad y, material sin determinar la cuantía del impacto en la razonabilidad de los estados financieros, por imposibilidad en el cálculo del valor de estos», señaló la CGR.
En ese sentido, la ANT indicó que la SAE transfirió esos 40 predios a título gratuito y que solo sabrán su valor cuando los avalúen. Además, mencionó que «el valor cero se presenta por una medición no fiable de los predios, circunstancia que no es clara para este órgano de control».
Con relación a los 287 predios de los que también se hace mención, la Contraloría señaló que se afecta «de forma significativa la razonabilidad de los estados financieros».
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La Contraloría indicó que se identificó que, mientras se implementa el Sistema Integrado de Tierras (SIT), las actividades asociadas al inventario y registro de bienes están siendo adelantadas por los funcionarios en un archivo Excel de One Drive.
En ese sentido, la entidad indicó que este tipo de formato «presenta inconsistencias respecto a la destinación, identificación e información de los predios» y advirtió que esta situación genera «riesgos de pérdida de información e incertidumbre respecto al inventario de los predios, así como de la confiabilidad de la herramienta utilizada por la Agencia para el efecto».
Tierras rurales
Archivo EL TIEMPO
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Respecto a este tema, el órgano de control indicó en su informe que se detectó que no hay «soportes que acrediten la consulta ante la Unidad de Restitución de Tierras, respecto a que los predios en proceso de compra no se encontraran en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente».
Al no contar con ese requisito, se estarían comprometiendo recursos públicos al no contar «con la verificación de todos los pasos contemplados en los lineamientos establecidos para llevar a cabo dicho proceso».
A todo lo anterior se le suma que la Contraloría cuestionó que se sobreestimara la constitución de reservas presupuestales por $43.410.225.854. Además, se menciona que varios de los compromisos presupuestales de la entidad mostraron ejecuciones presupuestales inferiores al 60 %.
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PORTAFOLIO
*Con información de EL TIEMPO – JUSTICIA
