El gobierno del presidente Gustavo Petro podría quedarse sin el principal marco jurídico para adelantar la política de ‘paz total’.
La Corte Constitucional estudia una demanda del abogado Jorge Enrique Pava en la que argumentó vicios de procedimiento cometidos por el Congreso de la República durante el trámite de la prórroga y modificación la Ley 418 de 1997, también conocida como Ley de orden pública, la cual fue aprobada el semestre pasado.
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