Con la reciente aprobación en primer debate por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley para eliminar el impuesto al 4×1.000 avanza con viento en popa.
(Reviven propuesta de Carrasquilla para reemplazar el 4×1.000).
El tributo que nació en 1998 a través del decreto 2331 como respuesta “temporal” a la crisis financiera llegó en ese entonces para quedarse hasta hoy, cuando se propone que sea desmontado gradualmente a partir del 2023 hasta que desaparezca en 2026.
¿Pero cuáles son sus pros y sus contras? Pedro Sarmiento, abogado especialista en derecho tributario y socio director de impuestos y servicios legales de la firma Crowe en Colombia, asegura que este siempre ha sido un tributo antitécnico, pues genera que las transacciones financieras sean más costosas, quitándole así competitividad al país.
(Eliminación 4×1.000: qué contempla el proyecto y cómo se reemplazaría).
Sin embargo, este tributo genera un recaudo y no puede ser eliminado sin tener una forma alterna que permita obtener el ingreso que hasta hoy está generando.
Según Sarmiento, este es un impuesto que grava las transacciones financieras, hace costoso el manejo del comercio y perjudica a la mayoría de los contribuyentes, ya que quienes hagan uso del sistema financiero ven menguada su capacidad de pago al tener que asumirlo.
“Considero que el desmonte gradual del 4X1.000 en el marco de la reactivación económica, sería una ayuda para las empresas, permitiría su crecimiento económico y el de las personas naturales, adicionalmente, el PIB crecería. Sin embargo, lo que se recauda a través de este impuesto ayuda con las necesidades de la población, por lo que hacer un desmonte definitivo en este momento, sin tener una fuente que supla esos ingresos sería contraproducente”, asegura el experto.
Asimismo, Sarmiento dice que la eliminación de este impuesto afectaría el recaudo y por consiguiente a los recursos del Estado, esto si el desmonte se hace sin tener una fuente que permita recaudar el ingreso proveniente de este tributo, no obstante, según lo planteado por la promotora del proyecto habría dos caminos para conseguirlo: impuesto a los salarios altos, es decir, el 2% para salarios de 25 millones de pesos mensuales y el otro camino es eliminar los beneficios tributarios de las megas pensiones.
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