Tras la fallida reforma tributaria que fue tumbada en la primera parte del año, luego del descontento general de los colombianos, empezó a gestarse una iniciativa que fue llamada la ley de ‘inversión social’ o reforma tributaria 2.0, proyecto que fue creado a partir de un consenso en el que participaron los sectores económicos y varios actores sociales.
(La reforma tributaria 2.0 fue aprobada en Senado y Cámara).
En él fueron excluidos puntos tan sensibles como el aumento del IVA a productos de la canasta básica y la ampliación de la base gravable. Esto permitió que el proyecto tomara una nueva forma que respondiera a la coyuntura actual y recogiera las principales propuestas.
No obstante, esta iniciativa, que ya superó sus dos debates en el Congreso de la República, tiene aún algunos puntos polémicos que, si bien no afectan su trámite, sí han generado ruido y reparos entre algunos sectores.
Uno de estos puntos tiene que ver con el impuesto de normalización de activos, el cual ha disparado alertas, ya que, según expertos, se envía un mensaje errado a los evasores.
(Impuesto de Normalización de activos: las alertas que hay sobre él).
No obstante, de acuerdo con cálculos del Gobierno, este impuesto recaudaría $660.000 millones en los siguientes dos años.
El proyecto establece “que los contribuyentes declaren y formalicen activos omitidos y/o pasivos inexistentes con el impuesto de normalización. Con la finalidad de fortalecer la capacidad de fiscalización de la Dian, disminuir la evasión y fomentar la inversión en el país, se establece un impuesto transitorio para regularizar los activos omitidos y/o pasivos omitidos”.
Para ello se definió que la tarifa del impuesto será del 17 %, 2 puntos porcentuales superior frente a la aplicable para la vigencia 2020, y que, adicionalmente, con el fin de “facilitar, acelerar y asegurar el recaudo bajo los principios de eficiencia y equidad tributaria” el impuesto complementario de normalización estará sujeto a un anticipo del cincuenta por ciento (50 %) de su valor, que se pagará en el año 2021, y será calculado “sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes del contribuyente al momento de la entrada en vigencia del presente proyecto de ley”.
Frente a esta iniciativa, los expertos han señalado que se manda un mensaje erróneo, pues si se siguen dando oportunidades de normalización no empiezan a operar los delitos.
Por el contrario, el país debe empezar a entrar en una cultura de pago por lo que estos instrumentos van en contravía de ese propósito, agregan.
El segundo de los puntos polémicos es el del IVA a las compras por internet de menos de 200 dólares que vienen del exterior.
(IVA a compras digitales enfrenta a las plataformas y al comercio local).
A través de esta proposición, que busca que las importaciones por correo digital paguen el impuesto de valor agregado, el país recibiría $1,5 billones en tributación a 2023, ya que se estima que para ese año, este tipo de compras superarían los 2.000 millones de dólares.
Se calcula que estos productos pueden representar al año 900 millones de dólares, y que estas empresas están dejando de pagar IVA por 650.000 millones de pesos, aproximadamente.
Sin embargo, algunas entidades y empresas han criticado la iniciativa por el impacto negativo sobre las compras digitales que podría tener justo en momentos en que este sector viene creciendo a pasos agigantados y que podría verse frenado.
Finalmente, el otro punto polémico, que es quizás es el más álgido, es que la tarifa de renta que quedaría igual para todas las empresas.
(Impuestos adicionales que tendrían que pagar empresas en la tributaria).
La reforma tributaria contempla que a partir del año gravable 2022, la tarifa general para las personas jurídicas será del 35 %.
Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la implementación de esta medida no representaría un detrimento para estos contribuyentes, al contrario se indica que la estructura tributaria sería más competitiva que en 2018.
Frente a esto, algunos gremios como Acopi han levantado su voz, manifestando que Colombia tiene una de las tarifas de renta más altas para empresas o tarifas de renta corporativas más elevadas, y que con esta iniciativa habrá una carga mayor para las compañías, situación que no da seguridad jurídica para las inversiones.
Pese a estos reparos, la reforma tributaria avanzó en sus dos debates y está a punto de convertirse en ley cuando finalmente sea conciliada y sancionada.
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