Mediante dos recursos que fueron remitidos a diferentes despachos del Consejo de Estado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ha buscado la manera de darle freno a la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que haga, junto al Ministerio de Salud, un plan de emergencia sobre la situación de la escasez de medicamentos en el país.
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Como primera opción está la Sección Tercera, que si bien admitió la demanda del Invima contra el fallo del Tribunal, este acogió la solicitud de congelar la presentación del plan mientras retoma una decisión sobre el caso.
En sus pretensiones, el Invima aseveró que «la misma decisión cuestionada reconoce que el Invima no fue demandado ni vinculado; y porque el proceso se encuentra al despacho con alegatos de conclusión y, en consecuencia, no podía dictarse la medida cautelar de urgencia«.
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No obstante, el Consejo de Estado determinó que «en la sustentación de la medida no se encuentra un análisis de por qué debe emitirse una decisión provisional antes del fallo, so pena de materializarse un daño o perjuicio irremediable para el Invima. Para ello, sin desconocer del deber de cumplimiento inmediato de la medida cautelar de urgencia dictada en la acción popular, debía argumentarse la ineficacia de las solicitudes de aclaración y adición de la providencia para lograr el fin perseguido en la acción de tutela«.
Así las cosas, el Invima y el Minsalud tienen plazo de entregar su informe sobre cómo se ha garantizado la atención a los usuarios tras el desabastecimiento de medicamentos hasta este 16 de noviembre, misma fecha en la que tendrán que reportarlo al despacho del magistrado Luis Manuel Lasso, quién funge como ponente.
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Diego Caucayo / EL TIEMPO
Dado el caso que no se envía a tiempo, los funcionarios del Gobierno involucrados en la situación podrían recibir un incidente en desacato a una orden judicial.
Según pudo conocer EL TIEMPO, dicha tutela no es el único recurso que analiza el Consejo de Estado relacionado con la escasez de medicamentos, pues el Invima, por otro lado, apeló la medida cautelar del Tribunal de que se envíe un plan de urgencia.
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En el proceso, la Procuraduría le dio un espaldarazo a la actuación del Tribunal de Cundinamarca, subrayando en un principio de un archivo que, como Ministerio Público, ellos han alertado la «gravísima crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos y la alarmante demora en el trámite de y resolución de las solicitudes de registro de medicamentos, que a la fecha de la solicitud alcanzaba a 27.904 solicitudes«.
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Adicionalmente, en su oficio, la procuradora Diana Ojeda agregó que con los recursos presentados, tanto el Invima como el Minsalud «no controvierten los hechos y pruebas presentados por este organismo de control sobre la gravísima crisis de desabastecimiento. Y que las decisiones adoptadas por el Tribunal se encuentran ajustadas al orden legal y están perfectamente orientadas a proteger los bienes jurídicos objeto de la acción popular«.
El pasado 31 de octubre, el Tribunal de Cundinamarca pidió al MInsalud y al Invima hacer un plan de emergencia para así garantizar el abastecimiento de medicamentos a la ciudadanía ante la situación de escasez.
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El magistrado y presidente del Tribunal, Luis Alfredo Zamora, le explicó a EL TIEMPO en su momento que entre las órdenes también está la revisión de las más de 27.00 solicitudes de registro de productos, y que se facilite el suministro de insumos para producir fármacos.
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A esto se le suma la situación entre EPS Sanitas y Cruz Verde, en la cual la Procuraduría ha intervenido para que el Minsalud se reúna con representantes del sector. Si bien para la semana del 6 de noviembre estaba previsto un encuentro del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con voceros del gremio, no se pudo realizar.
EL TIEMPO – JUSTICIA
