Familiares de las víctimas desde Tumaco rechazan versiones oficiales que las vinculan a grupos ilegales y claman por justicia.
Noticia Internacional.
La reciente masacre en El Oro, Ecuador, ha dejado una estela de dolor e incertidumbre en Tumaco, un municipio del departamento colombiano de Nariño, de donde eran oriundos tres de los nueve colombianos asesinados.
La tragedia ha puesto en evidencia las complejas dinámicas de movilidad, precariedad y violencia que enfrentan las comunidades fronterizas.
Maicol C., de 28 años; José P., de 23; y Samuel C., de 22, partieron de la vereda La Espriella, Tumaco, el pasado 23 de noviembre.
Según testimonios de sus allegados, los jóvenes habían sido contratados para trabajar en el sector agrícola en Brasil.
Para ellos, la oferta laboral representaba una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y brindar un mejor futuro a sus familias, lejos de la escasez y la falta de empleo en su región natal.
Sin embargo, el destino les conduce hacia la frontera entre Ecuador y Perú, un territorio marcado por disputas entre grupos de delincuencia organizada.
A pesar de los rumores sobre las razones de su presencia en El Oro, sus familias y amigos aseguran que no tenían alguna relación con actividades ilegales, a diferencia de lo que sugieren las autoridades ecuatorianas.
El manto de la violencia y el miedo
El impacto de la masacre no solo golpea a las familias de las víctimas, sino que silencia a toda una comunidad. Un representante de La Espriella compartió con Blu Radio que las familias de los jóvenes han recibido amenazas anónimas, lo que les ha obligado a guardar silencio y evitar dar detalles que puedan comprometer su seguridad.
«No hay trabajo en la zona que no esté relacionada con actividades ilícitas. Ellos vieron en ese viaje una forma de salir adelante«, explicó el vocero.
La comunidad tumacuna ha expresado su indignación por la manera en que las autoridades ecuatorianas han etiquetado a las víctimas como parte de estructuras ilegales.
«Sabemos que Maicol, Joseph y Samuel no tenían vínculos con grupos armados. Eran jóvenes con sueños de progreso«, afirmó el representante local.
Piden explicación a las autoridades de ambos países
Mientras las autoridades colombianas y ecuatorianas trabajan en la repatriación de los cuerpos, se investigan los posibles móviles de la masacre.
Cerca del lugar de los hechos, en la parroquia Barbones del cantón El Guabo, se encontró un panfleto que alude a disputas territoriales entre bandas criminales.
Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los jóvenes quedaron atrapados en una lucha que no les correspondía.
El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán, expresó su preocupación ante la falta de claridad sobre los hechos.
«Solicitamos a las autoridades de Ecuador un informe detallado. Es esencial conocer la verdad para esclarecer la masacre y proteger a los familiares de las víctimas«, manifestó.
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— Global Network News 🌎 (@iluminnatii) December 1, 2024
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