La Contraloría anunció que alrededor de 530.000 niños y niñas en el país se encuentran en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes de calendario escolar de 2023.
Haciendo un seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, PAE, la entidad encontró que 9 de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, ETC, tienen riesgo «incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación».
Las problemáticas se estarían dando en Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga.
La entidad identificó que, a corte del 23 de enero de 2023, en Yopal y Neiva fue declarado desierto el proceso de contratación. En Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
Es por ello que la Contraloría hizo un llamado de atención a estas ETC pues desde el 7 de diciembre de 2022, mediante la Resolución número 359, les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para la ejecución del PAE durante el 2023.
De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la ETC
Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.
Junto a ello, de las 97 ETC, 60 iniciaron el calendario escolar el 16 de enero pero solo 45 dieron inicio a la prestación del servicio del PAE. Es decir, 15 no cumplieron con esta obligación.
“El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”, explicó la Contraloría.
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