En el tribunal administrativo de La Guajira, han surgido graves denuncias contra la secretaria Carolina María Robles Palomino y otros funcionarios, señalando posibles fallos en la administración de justicia y solicitando una investigación formal. Las acusaciones se presentan en dos denuncias que destacan presuntas irregularidades en el manejo de procesos judiciales, en especial en casos de gran relevancia como los procesos electorales en el municipio de Fonseca y el distrito de Riohacha.
Primera denuncia: falta de diligencia en el proceso electoral de Fonseca
La primera denuncia, de carácter disciplinario, fue presentada por excandidato a la alcaldía de Fonseca, Enrique Luis Fonseca Pitre, quien cuestiona la actuación de la secretaría del Tribunal en el caso que revisa la elección de Micher Pérez Fuentes como alcalde de Fonseca. Según el denunciante, desde que se admitió la demanda el 3 de mayo de 2024, la magistrada a cargo del proceso instruyó a la secretaría para que realizara las notificaciones y trámites formales correspondientes. Sin embargo, se alega que estas acciones fueron ejecutadas de manera incorrecta.
Por ejemplo, en lugar de enviar un aviso adecuado sobre el proceso, la secretaría envió un comunicado erróneo que no cumplió con los requisitos formales. Además, el 17 de junio de 2024, la secretaria Robles envió una notificación a Fonseca, indicándole que debía publicar un aviso en un periódico local. Aunque esta publicación se hizo en varios medios, según el denunciante, el proceso no avanzó correctamente debido a la falta de confirmación en los trámites de notificación.
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El Tribunal respondió el 15 de julio de 2024, señalando en un auto que el expediente permanecería en la secretaría hasta que se completen todos los requisitos necesarios. Además, se instó a la secretaria Robles a dar prioridad a los trámites en procesos electorales, dada su importancia para la transparencia en la administración de justicia.
Segunda denuncia: fraude procesal y suplantación de identidad en documento privado por omisión y prevaricato por acción
La segunda denuncia es de carácter penal y fue presentación por Edwin Díaz Ortiz. En esta denuncia, Díaz acusa a Carolina María Robles y a otros funcionarios del Tribunal de participar en irregularidades en su caso electoral contra el alcalde de Riohacha, Genaro Redondo Choles. El 30 de septiembre, según Díaz, el Tribunal recibió un desistimiento de su recurso de apelación, el cual habría sido solicitado mediante un correo aparentemente falso.
Díaz asegura que nunca envió tal solicitud y que el correo electrónico usado no era el registrado en el proceso. En este sentido, la denuncia cuestiona la falta de verificación por parte de la secretaria, ya que, según Díaz, el personal del tribunal debería confirmar la autenticidad de los correos electrónicos antes de dar curso a cualquier trámite importante.
Ante esta situación, el 2 de octubre, la magistrada del caso ordenó remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible comisión de delitos como fraude procesal, suplantación y falsedad en documento privado. Díaz solicita que se determinen responsabilidades, incluyendo a la magistrada ponente María Del Pilar Veloza Parra ya que considera que estos errores podrían haber sido evitados con una gestión más diligente por parte de la secretaria y la misma Magistrada.
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Conclusión: un llamado a la transparencia en el sistema
Ambas denuncias reflejan inquietudes sobre la transparencia y el buen funcionamiento del Tribunal Administrativo de La Guajira, en especial en casos de relevancia pública como los procesos electorales. Tanto Fonseca como Díaz insisten en que se investigue a fondo la actuación de la secretaria Robles y otros funcionarios, en busca de esclarecer estos hechos y garantizar el debido proceso, celeridad y acceso a la justicia.
