La Fiscalía imputó cargos y logró medida de aseguramiento en la Cárcel Coiba Picaleña de Ibagué (Tolima) en contra de Joaquín Hernán Sánchez Uriza, pensionado de la Armada Nacional, por los delitos de estafa agravada y concusión.
Es investigado porque al parecer aprovechó su rango como soldado profesional para engañar a sus víctimas.
Según las denuncias en su contra, al parecer abordaba jóvenes que no habían pasado los exámenes de rigor para ingresar a la institución, para exigirles dinero a cambio de ayudarles con el proceso de admisión.
Se conoció que, en febrero de 2021, les habría cobrado a dos mujeres $11.000.000 ($4.000.000 y $7.000.000, respectivamente) por supuestos trámites de incorporación a la Armada, ya que trabajaba en esta área.
El primer caso está relacionado con una joven que el 2 de febrero fue contactada por Sánchez Uriza en las instalaciones de la Armada en Ibagué, tras ser rechazada. Allí le habría asegurado que podía ayudarla si le pagaba $12.800.000, de los cuales alcanzó a girarle $7.000.000.
La otra víctima es la hermana de un interesado en ingresar igualmente a la fuerza naval, quien fue contactada de la misma manera por el soldado profesional en la sede de Ibagué, tras enterarse que este no había podido incorporarse.
A ella le habría solicitado $8.000.000 por hacerle todos los trámites legales para el ingreso. La mujer le envió $4.000.000 a través de una empresa de giros, pero desistió de enviarle el resto al ver que no cumplía con su promesa y seguía insistiendo en que debía pagarle el resto de lo exigido. Por esta razón lo denunció por estafa.
Sánchez Uriza fue detenido en días pasados por investigadores del CTI de la Seccional Tolima, adscritos al grupo de Estructura de Apoyo en la vereda Sinaí, zona rural del municipio tolimense de Suárez.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/CFG/EIS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
