El último domingo del año, en Aguachica, Cesar, dos hombres a bordo de una motocicleta asesinaron a los cuatro integrantes de la familia Lora Rincón. Este hecho se convirtió rápidamente en noticia nacional. Sin embargo, en muchos otros casos similares, crímenes de igual gravedad pasaron casi desapercibidos. Las cifras no logran reflejar la magnitud del sufrimiento. Aunque tanto el Ministerio de Defensa como las organizaciones civiles han destacado con cierto alivio una reducción notable en este tipo de incidentes durante 2024, Colombia continúa siendo uno de los países con las tasas más altas de asesinatos múltiples a nivel global.
Según cálculos oficiales, en los 366 días del año se registraron 78 masacres, mientras que el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó 76. A pesar de la discrepancia en los números, ambos coinciden en que estas cifras son menores a las de años previos, ya que las víctimas pasaron de 303 a 267 en el último año.
En Colombia, cualquier acto violento que deje tres o más personas asesinadas se clasifica como masacre. La más mortífera de 2024 ocurrió en septiembre en la vereda La Sagrada Familia, municipio de López de Micay, donde murieron 12 personas. Aunque inicialmente se señaló al ELN como posible responsable, meses después no hay certezas sobre los motivos del crimen.
Este hecho marcó de luto al Pacífico caucano, una región gravemente afectada por economías ilícitas y la disputa entre grupos armados por su control. Colombia, el mayor productor de cocaína a nivel mundial, enfrenta en estas zonas altos niveles de violencia vinculados a estas actividades.
Otro ataque de gran impacto ocurrió en Rionegro, Antioquia, en junio, cuando siete personas fueron asesinadas en una finca recreativa. Según reportes policiales, los responsables fueron al menos 10 individuos que utilizaron motocicletas y vehículos lujosos en un operativo planificado para garantizar su escape.
En octubre, el país vivió el fin de semana más violento del año, cuando entre el 4 y el 6 de ese mes se registraron cuatro masacres en la frontera con Venezuela, en Norte de Santander, dejando siete víctimas. Wilfredo Cañizares, líder social y analista de la región, afirmó que estos hechos podrían estar relacionados con tensiones entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, quienes se disputan el control de actividades ilícitas en la zona.
Con frecuencia, las investigaciones de estos casos apuntan a conflictos territoriales entre grupos armados como principal explicación. Según Leonardo González, director de Indepaz, las masacres en zonas de confrontación suelen ser una herramienta para imponer control territorial. La disminución en los registros de 2024, señala, podría atribuirse a la política de Paz Total del gobierno. “Cuando existe un cese al fuego o acuerdos en negociación, es lógico que disminuya la violencia. Los acercamientos y diálogos han hecho que muchos reconsideren antes de actuar”, concluyó González.
