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En la infraestructura urbana de Bogotá se oculta una problemática que trasciende los habituales desafíos de conectividad enfrentados por los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Lo que en un comienzo podría interpretarse como simple deficiencia en el servicio de internet y telefonía, revela una compleja red delictiva que atenta contra el tejido conectivo de la metrópoli: el robo sistemático de cables de cobre. Un fenómeno que no solo desconecta literalmente a la capital, sino que además expone una lucha constante contra el lucrativo mercado negro del cobre.
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Esta situación se ha agudizado a tal punto que, según información recabada, más del 70% de los barrios de Bogotá han experimentado cortes de servicio, a veces extendiéndose por más de 12 horas. Los perpetradores de estos robos abarcan un amplio espectro social que incluye desde carretilleros y habitantes de calle hasta organizaciones criminales estructuradas, todos atraídos por las elevadas ganancias del comercio ilegal de cobre pelado.
El impacto de estas actividades delictivas es alarmante. Solo en el primer trimestre de este año, Movistar reportó 42 incidentes de robo de cobre, afectando a 695 clientes y causando pérdidas económicas superiores a 1.632 millones de pesos. A lo largo de 2023, el número de robos ascendió a 818, con un total de 16.654 hogares y establecimientos perjudicados, lo que equivale a pérdidas de más de 9.361 millones de pesos. Este drástico aumento de incidentes refleja un crecimiento del 152 por ciento comparado con periodos anteriores, evidenciando la magnitud del problema.
Andrés Nieto, exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, ha identificado al menos 17 bandas dedicadas a esta actividad. A pesar de los esfuerzos por combatirla, incluyendo 50 operativos y 410 capturas, el desafío persiste. Durante 2023, se reportaron de manera oficial 2.400 incidentes de robo, aunque las cifras podrían ser mucho mayores.
La situación es agravada por la alta cotización del cobre en el mercado internacional, con precios oscilando entre 8.000 y 9.000 dólares por tonelada, un atractivo considerable para aquellos que buscan lucrarse rápidamente. A pesar de los esfuerzos de las empresas de chatarrería por regular la compra de este material, la mayor parte del cobre robado llega a ellos ya procesado, dificultando la trazabilidad de su origen ilícito.
Este fenómeno no es exclusivo de Bogotá; se extiende por todo el país, planteando interrogantes sobre la legalización del cobre robado que, a pesar de provenir de actividades ilegales, termina formando parte del circuito legal de exportación. Este aspecto señala una brecha en la regulación y control de materiales robados, poniendo en evidencia la necesidad de un enfoque más riguroso y específico para abordar este tipo de delincuencia.
Los intentos por mitigar el problema por parte de las compañías de telecomunicaciones, incluyendo el reemplazo de cableado de cobre por fibra óptica, encuentran obstáculos no solo en la persistencia de los criminales sino también en la desorganización urbana y la falta de regulaciones claras. Esto plantea un desafío adicional al ya complejo panorama de la seguridad y la prestación de servicios esenciales en la ciudad.
La esencia del conflicto radica en la percepción del internet y los servicios de telecomunicaciones como bienes esenciales. La desconexión de servicios críticos como colegios, hospitales y entidades de seguridad pública resalta la importancia de considerar la conectividad como un derecho fundamental y no como un mero servicio comercial. En este contexto, los robos de cobre representan no solo pérdidas económicas significativas para las empresas, sino una amenaza real al bienestar y seguridad de la comunidad bogotana.
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