Un día después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que bloqueará parcialmente algunas apropiaciones de gasto asignado a todas las entidades públicas que se financian con dinero del Presupuesto General de la Nación, el ministro Ricardo Bonilla explicó de cuánto será el recorte y anunció otras medidas adicionales para enfrentar el desplome del recaudo de impuestos en el país.
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En una entrevista con Blu Radio, el jefe de la cartera de Hacienda reveló que el recorte será de 20 billones de pesos, medida que se adoptará en espera de que las condiciones del recaudo mejoren para el segundo semestre de 2024.
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Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público
Mauricio Moreno / Portafolio
Por su parte entre otras acciones adicionales adoptadas para hacerle frente a la contingencia financiera, además del bloqueo del gasto, el ministro Bonilla también informó sobre el aumento en el precio del diésel para grandes consumidores.
En la entrevista con el medio radial, explicó que el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido causante de una carga que afecta gravemente las finanzas del Estado.
Según las cuentas del Minhacienda, en el 2022 se pagaron 26 billones de pesos a Ecopetrol por este concepto.
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Bonilla informó que este ajuste se realizará mediante un decreto que actualizará los precios en línea con las tarifas internacionales y que no afectará a los transportes masivos, ni a las regiones no interconectadas que dependen en gran medida del diésel.
“Todos los que consumen en Colombia más de 20.000 galones de diésel van a entrar a tener precio actualizado”, explicó Bonilla a Blu Radio.
De acuerdo con el Ministro de Hacienda, la decisión de bloquear las apropiaciones sin certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) es una medida preventiva para evitar que se realicen gastos innecesarios en un momento en que las finanzas públicas se encuentran bajo presión.
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Los bloqueos parciales y temporales también se realizan sobre aquellas partidas de apropiaciones que a la fecha no tienen certificados de disponibilidad presupuestal expedidos.
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Según Bonilla, la decisión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no afecta el normal funcionamiento del Estado ni compromete el cumplimiento de sus obligaciones presupuestales ni contractuales.
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