Los conductores de motocarros en la ciudad están molestos porque cada vez que hay cambio de alcalde los quieren obligar a censarse, lo que desde luego les resulta oneroso económicamente.
“Me parece algo incorrecto porque desde hace años hemos venido censando las motocarros y cada vez que sube un nuevo alcalde los censos no aparecen” dijo Eibar Solano presidente de la primera cooperativa de este sistema de transporte y mensajería urbana de la ciudad.
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Dijo que desde que se hizo el último censo se contaron 1.036 vehículos con el fin de ponerle un tope y desestimular el ingreso de más motocarros, propósito que no tuvo éxito ya que ingresaron más, convirtiéndose en un desorden que el tránsito no dio para controlar.
Solano asegura que el tema del censo se volvió un negocio que quieren repetir todos los alcaldes y directores de tránsito, pero que ellos no están de acuerdo, porque si la administración quiere saber quiénes manejan estos vehículos solo debe solicitar las carpetas a las cooperativas.
El vocero del gremio advierte que es incorrecto querer hacer un censo aprovechando como en esta ocasión, la intervención de una Fundación para saber quiénes están detrás del volante de esos vehículos, cuyos nombres, direcciones y demás información reposa en las cooperativas en caso de que se requiera de una caracterización.
Con este nuevo censo que quiere hacer la administración municipal a través de la Fundación Por la Sonrisa de un niño, los motocarristas deben cancelar COP $22.000, COP $26.000 y otra de COP $36.000.
Las motocarros en Maicao están amparados legalmente en sus asociaciones; carnetizados, certificados y se cumplieron todos los requisitos exigidos en su momento por el tránsito local, según explicó Solano.
“Como gremio y como asociación no aceptamos este nuevo censo y lo que queremos es que todos los motocarros entren a las cooperativas para identificarlas y legalizar su rodamiento en la ciudad” dijo.
El representante legal de la cooperativa Servimos, dijo que ellos están organizados, pagan sus impuestos y cámara de comercio y que el NIT los ampara para funcionar legalmente pero que no están dispuestos a aceptar un nuevo censo.
