Con ponencia de la magistrada, Diva María Cabrales Solano, el Tribunal Administrativo de Córdoba, sancionó al representante legal de la Empresa Urbaser Pablo Felipe Arango Tobón y la gerente regional de la compañía Lucia Fadul Trespalacios, por haber incurrido en desacato a una medida cautelar ordenada por ese despacho para regular la disposición final de basuras, tras las restricciones establecidas en el relleno sanitario de Lomagrande en Montería.
La acción popular impetrada por el Cabildo indígena Jaraguay, y sobre la que se ha pronunciado el Tribunal, se basa en señalar que la empresa de servicios públicos habría inflado falsamente el número de toneladas que recibía de municipios, (con excepción de Montería) , con la única finalidad de atender el cien por ciento (100%) de los residuos de la capital de Córdoba, y de esa manera hacer creer que el relleno de Loma Grande había reducido en un cuarenta por ciento (40%) su disposición total, como se ordena en una sentencia.
“Actualmente hay más focos de contaminación, no hay ningún tipo de control por autoridad alguna, ya que URBASER hizo caso omiso del sellamiento, ni ha cumplido las medidas cautelares de reducción de los porcentajes de disposición ordenados por la autoridad judicial”, precisa la demanda.
Con base en ello, el Tribunal multó a los directivos con quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigente, para cada uno; cuya suma se deberá consignar a órdenes del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
La decisión es remitida al Consejo de Estado para que surta el grado jurisdiccional de consulta.
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