El informe de la Defensoría del Pueblo indica que en los 32 departamentos de Colombia se han emitido alertas tempranas por vulneración de derechos humanos. Los principales causantes son grupos armados ilegales.
«La vulneración es por enfrentamiento entre grupos armados ilegales. Eso intensifica los impactos en materia de derechos humanos. Causa confinamiento, restricciones a la movilidad, acceso a medios de subsistencia de las comunidades», explicó Mariana Ardila, delegada para Justicia Transicional y Derecho a la Paz.
De los 1.102 municipios que hay en Colombia, 790 se encuentran focalizados en riesgo a partir de las alertas tempranas de la Defensoría. Los territorios más afectados son Arauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. En Antioquia, la subregión con más impacto por vulneración de derechos humanos es el Bajo Cauca. Allí hay conflicto entre ELN, Clan del Golfo y disidencias bajo el mando de Alexánder Díaz, alias Calarcá. Los mayores delitos son homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores,
«Que se enfrente al narcotráfico como un serio factor de persistencia de los conflictos armados y la violencia. Agregaría que hay otras economías ilegales que cada vez toman más fuerza en la financiación de la guerra en Colombia», dijo Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo.
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El informe de la Defensoría especifica cuál es la injerencia territorial del crimen organizado en Colombia. Indican, por ejemplo, que el fortín del Clan del Golfo es el noroccidente, es decir, Antioquia, Córdoba y Chocó, donde las principales rentas criminales son la minería ilegal y el tráfico de drogas.
