En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera fueron ocupados 28 bienes, que pertenecerían a una red delincuencial señalada de transportar, almacenar, distribuir y comercializar cigarrillos de contrabando en el suroccidente del país.
El material de prueba da cuenta de que las propiedades, avaluadas en más de $5.000 millones, habrían sido adquiridas con dineros producto de la actividad ilegal o fueron usadas para acopiar y trasladar la mercancía que ingresó ilegalmente al país. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio las afectó con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión.
Se trata de 14 inmuebles, 11 vehículos, 1 establecimiento de comercio y 2 sociedades ubicados en Cali (Valle del Cauca).
Los bienes estarían a nombre de varios de los presuntos integrantes de este clan familiar, entre ellos, ‘Alicia’ o ‘La Pastusa’, la supuesta cabecilla; ‘Albino’ o ‘Mono’, y otras personas que cumplían diferentes roles criminales.
En las investigaciones se constató que la organización, al parecer, recibía las cajetillas de cigarrillos de contrabando en Maicao (La Guajira) y las movía en vehículos de carga a Cali. En esta ciudad las acopiaban y distribuían a distintos municipios de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar las propiedades ocupadas.
Esta información se publica por razones de interés general.
MAGA/JARG/PSY/LPDS/MRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
