El costo de la reforma pensional y su impacto fiscal en la economía del país, especialmente por la carga que generaría sobre las cuentas de la Nación, es uno de los temas que más ha generado debate entre los gremios y centros de estudio en el país, los cuales buscan determinar si estos cambios son viables y si aumentar la cobertura y la entrega de subsidios, como quiere el Gobierno, no dejará consecuencias para lamentar.
Actualmente esta iniciativa, bandera del presidente Petro desde que estaba en campaña, se encuentra a la espera de su revisión y posterior aprobación en cuarto y último debate en la Cámara de Representantes, donde si bien hay un fuerte lobby desde el Ministerio del Trabajo, la carrera en este momento es contra el tiempo.
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Por ahora el articulado de la pensional establece, entre otras cosas, que habrá cotización obligatoria en Colpensiones para quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos mensuales. Sin embargo, hace poco el panorama político y económico del país se agitó porque frente a este tema, luego de que el presidente Petro planteara la posibilidad de subir este umbral a cuatro salarios mínimos, propuesta que no cayó muy bien entre los expertos.
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Hasta el momento las cuentas de los diferentes centros de estudio habían calculado el impacto fiscal de subir este umbral hasta los 3 salarios mínimos, el cual sería del 75,5% hacia el año 2100, es decir, unos $1.179 billones. No obstante, la propuesta del jefe de Estado cogió por sorpresa a más de uno, ya que esa posibilidad no se había contemplado.
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Antes que nada, vale la pena explicar que el umbral obligatorio de cotización significa que toda persona que gane un salario igual o menor a lo establecido, deberá depositar sus ahorros en el fondo público que se crearía con la reforma y si hay ingresos por encima de este rango, podrá decidir sólo sobre ese excedente, si quiere mandarlo a los fondos privados.
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Si bien hay quienes han manifestado que quedar en un salario mínimo sería lo ideal para no desestabilizar el sistema pensional, máximo 1,5 salarios mínimos, el Gobierno ha hecho de oídos sordos e insiste en quedar sobre los 2,3 que actualmente discute el Congreso de la República, advirtiendo que para ajustar este tema se debería realizar una “reforma paramétrica” en 15 años.
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Un costo relativamente alto
El Centro de Estudios Económicos Anif se dio a la tarea de revisar qué tanto le costaría al país quedar con un umbral de cotización de cuatro salarios mínimos, tal y como propuso el presidente Gustavo Petro, encontrando que la carga fiscal sería muy alta, razón por la cual se debe revisar con detenimiento para no cometer errores.
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“Si nos vamos a un umbral de cuatro salarios mínimos, queda muy claro que sería una estatización del sistema de pensiones (…) sería volver al Instituto de Seguros Sociales”, dijo al respecto José Ignacio López, presidente de Anif.
José Ignacio López, presidente de Anif.
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En los cálculos de estos analistas económicos, un umbral de 4 salarios mínimos generaría un costo fiscal para la Nación del 89,1% del PIB a 2100, es decir, casi $1.400 billones (cifras PIB 2023). Esta cantidad es casi lo que costaba el Producto Interno Bruto en el 2022 y deja al país, según Anif, en una situación fiscal de grandes retos.
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Dicho de una forma coloquial, una carga de este tamaño para las finanzas estatales significaría que casi toda la producción o todo el ingreso (salarios, exportaciones, impuestos pagados de un año en Colombia) logrado durante un año, se tuviera que usar para pagar las exigencias que se generaría con el pasivo que abre este cambio propuesto por el presidente Gustavo Petro.
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“Subir sólo de 2,3 salarios mínimos mensuales a 4, elevaría la carga fiscal en 28,2 puntos del PIB. Eso equivale a la construcción de 24 líneas de metro”, agregó Anif en su reporte. Ese casi 30% de aumento en el gasto, son más de $400 billones de pesos con corte al año 2100.
Ahora bien, vale la pena resaltar que en el Congreso las diferentes partes que han participado del debate se mantienen en un máximo de 2,3 salarios; argumentando que fue lo que ya se aprobó en el Senado y que cualquier modificación podría afectar los tiempos de trámite, que cada vez son más reducidos.
