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viernes, septiembre 18, 2020

Paola vs. Ecuador: una histórica condena a la violencia sexual escolar

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Tuvieron que pasar 18 años para que Petita Albarracín escuchara por primera vez a una autoridad judicial reconocer lo que ella sabía desde el 2002. Que su hija fue víctima de violencia sexual en el colegio. Que, producto del abuso y el acoso, tomó la decisión de suicidarse. Que un hombre usó su poder y autoridad para abusar de ella. Que lo que vivió no le pasó por “seductora”, como dijeron jueces y medios de comunicación. Que tan solo tenía 14 años cuando su colegio, el lugar que debía educarla y protegerla, no hizo nada para salvarla.

Paola Guzmán Albarracín era una joven cariñosa, muy alegre, cuyo nombre terminó encabezando un histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nació el 10 de diciembre de 1986 en Guayaquil (Ecuador), en un hogar en el que, cuenta Petita, a pesar de las carencias y pobreza, había mucho amor para ella y su hermana Dennis.

Al cumplir 12 años, Paola ingresó al Colegio Fiscal Miguel Martínez Serrano, una institución pública que solo recibía a niñas. Para el 2001, cuando estaba en su segundo año de educación básica, comenzó a tener problemas con algunas materias en las que le faltaban puntos para poder pasar el grado.

Fue en ese contexto en el que el vicerrector del colegio, Bolívar Eduardo Espín Zurtía, un hombre 40 años mayor que ella, se aprovechó de su poder, la acosó y la presionó para ayudarle a pasar las materias con la condición de que sostuvieran relaciones sexuales.

(Lea también: Comisión de la Verdad recibe informe sobre violencia reproductiva). 

Lejos de ser una situación ajena a los docentes, el personal del colegio supo lo que pasaba, pero nunca reportó el caso. Incluso, algunos profesores reconocieron que Paola no era la única joven a la que el vicerrector asediaba. Como en el colegio no había rutas para denunciar la violencia sexual, el silencio imperó.

Todo siguió igual hasta el 11 de diciembre del 2002, cuando la inspectora del curso de Paola le envió a Petita una citación en la que le pedía que se presentara en la institución al día siguiente. La citación, dijo la inspectora años después, se dio porque la adolescente había faltado a clases y porque a la niña la encontraban con frecuencia en el restaurante o el patio en horas de estudio.

El día de la cita, antes de salir de su casa, Paola se sentó a desayunar frente al televisor en la silla plástica roja que tenía en el comedor. Allí, sentada, puso en su comida pastillas de fósforo blanco conocidas como ‘diablillos’, que en diciembre se conseguían fácilmente en Ecuador para elaborar pólvora.

En el camino hacia el colegio, la joven les contó a sus compañeras lo que había hecho. La llevaron a la enfermería del centro educativo y le reportaron a la inspectora general lo que estaba ocurriendo. Los docentes no la trasladaron a un centro médico, lo que era lógico frente a la urgencia, sino que en la misma enfermería la inspectora lo único que le recomendó fue “orar juntas a Dios y pedirle perdón”.

(Le puede interesar: Corte ataja el machismo de jueces al revisar casos de violencia sexual). 

Fueron las compañeras de Paola las que llamaron a Petita, quien se estaba alistando para ir al colegio y cumplir la cita académica. Llegó en 30 minutos y encontró a su hija en la enfermería acompañada de la inspectora, el vicerrector Espín y el médico del colegio. La joven abrazó a Petita y, sin explicarle por qué, le pidió perdón, mientras que el vicerrector intervino: “Señora, no es de abrazo ni de llanto. Corra y lleve a su hija al hospital”, dijo sin ningún pudor el hombre que la había acosado y agredido en los últimos dos años.

Junto con una amiga y un sobrino, Petita subió a la joven a un taxi y la llevó al hospital Luis Vernaza. Le hicieron un lavado de estómago, pero no mejoró; por eso decidieron trasladarla hasta la Clínica Kennedy.

En ese centro médico Paola Guzmán murió el 13 de diciembre, tres días después de cumplir 16 años, producto de la intoxicación por los ‘diablillos’. Desde entonces Petita comenzó a buscar respuestas y justicia, pero de quienes estaban obligados a dárselas solo recibió evasivas, omisiones, y una mayor revictimización para su hija.

“Era una joven inocente, humilde. Ella me lo contaba todo, pero fue manipulada, amenazada. Lo que le pasó se lo llevó con ella. Solo después de su muerte pude enterarme de lo que vivió en su colegio”, cuenta Petita.

Era una joven inocente, humilde. Ella me lo contaba todo, pero fue manipulada, amenazada. Lo que le pasó se lo llevó con ella. Solo después de su muerte pude enterarme de lo que vivió en su colegio

La verdad comenzó a llegar con cuenta gotas. Lo primero que supo Petita se lo contó una periodista que la llamó y le dijo que, según las compañeras del colegio, Paola había estado sosteniendo una relación de tipo sexual con el vicerrector. También encontró tres cartas que dejó su hija antes de morir. Una era para ella, otra era un borrador que había escrito para el vicerrector, y la tercera era la definitiva para Espín.

En esa carta la adolescente dice que se sintió “engañada” por él, que “había tenido otras mujeres”. También asegura que decidió consumir la pólvora porque no podía soportar “tantas cosas que sufría”.

Paola creció en una época en la que, según la Organización Mundial de la Salud, al menos el 30 por ciento de las niñas y niños de Guayaquil habían reportado sufrir algún tipo de abuso sexual. Ese duro contexto, más que una estadística o cifra, fue una realidad que ella vivió en carne propia.

A pesar del tiempo, recordar lo que pasó todavía le duele a Petita, a quien se le quiebra la voz cuando piensa en lo que hubo detrás de su lucha judicial. Lo que más la afecta son todas las cosas que se dijeron de su hija en medios de comunicación y en los juzgados, porque lejos de reconocerla como una víctima –con machismo y prejuicios de género–, a la menor la señalaron con el dedo índice.

“A mi niña no le dieron justicia en Ecuador. Aquí le dijeron que ella se insinuaba. Pero yo la conocí. Yo sé quién era ella”, dice su madre.

A mi niña no le dieron justicia en Ecuador. Aquí le dijeron que ella se insinuaba. Pero yo la conocí. Yo sé quién era ella

Lucha internacional



La lucha jurídica no fue fácil. “Soy una mujer pobre, comerciante, no tenía abogados. Pero poco a poco fui conociendo a personas que me contactaron con otras que me ayudaron”, cuenta Petita. Una de ellas fue Lita Martínez, directora del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil.

Lita afirma que en Ecuador Petita tocó tres puertas: la de la justicia penal, la de la civil y la disciplinaria. En la penal, sostiene, se logró una orden de captura preventiva contra Espín que nunca se hizo efectiva porque él se convirtió en un prófugo de la justicia.

Luego, la Corte Superior del Ecuador, la máxima instancia judicial de ese país, acusó a Espín, pero no por acoso y violencia sexual, sino por estupro, afirmando –en un hecho revictimizante– que el “vicerrector no persiguió a Paola Guzmán, sino que ella requirió sus favores docentes para salir adelante en una materia. Él se los ofreció a cambio de relaciones sentimentales”. Con la fuga, el caso de Paola prescribió en el 2008 y quedó en la impunidad. “Es muy evidente la inoperancia del Estado. Espín nunca fue sentenciado por este delito en el Ecuador”, afirma Lita.

En la justicia civil, sigue contando Lita, se responsabilizó a Espín y se determinó una sanción pecuniaria que debía pagarle a la familia, pero al prescribir el caso penal, el civil también quedó congelado. Y en la administrativa, agrega, a Espín lo suspendieron del Ministerio de Educación, pero no por lo que les hizo a Paola y a otras mujeres sobre las que había testimonios, sino por abandonar tres días su cargo.(Además: Más de 60 niñas son sometidas a violencia sexual al día en el país). 

Con toda esa injusticia, en el 2006 Cepam llevó esta historia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que presentó el caso ante la Corte IDH el año pasado.

Tras años de luchas, pruebas, audiencias, y de enfrentar al Estado, la Corte IDH acaba de darle la razón a Petita y de reconocer a Paola como víctima de violencia sexual, condenando a Ecuador por la impunidad a la que la sometió y la omisión y negligencia con la que actuó. También, por el sufrimiento psicológico que le ocasionó a la menor la violencia sexual sufrida a manos de un docente estatal, lo que se vio ligado a su decisión de quitarse la vida.

Por eso, aunque a Peteita le habría gustado que la justicia ecuatoriana hubiera conseguido llevar a Espín a prisión, siente que esta decisión de la Corte, que por fin reconoce lo que le pasó a Paola, es un gran logro y un cierre para esta batalla que emprendió hace 18 años. “Tuve que luchar para que me escucharan y dijeran que mi hija no fue culpable de lo que le pasó. Por eso les digo a las madres que no se rindan y busquen justicia», asegura.

El fallo, que viene de la máxima autoridad a la que una persona puede acudir, es el primero en el que esta Corte se refiere a un hecho de violencia sexual cometida en el ámbito educativo.

La decisión de la Corte es mayúscula porque recuerda que la violencia sexual no solo es física, sino que también se manifiesta en otras formas de violencia de género como el abuso en las relaciones de poder y confianza. “La relación sexual, además, se dio en el marco de una vinculación manifiestamente desigual en la cual el vicerrector, como autoridad académica, gozaba de una situación de superioridad frente a una niña estudiante”, dijo la Corte IDH en su sentencia.

“Tuve que luchar para que me escucharan y dijeran que mi hija no fue culpable de lo que le pasó. Por eso les digo a las madres que no se rindan y busquen justicia»

Historia recurrente

La historia de Paola, asegura Catalina Martínez, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos –que también acompañó a Petita en su demanda ante la Corte IDH–, se repite cada año en miles de niñas en América Latina.

or eso, dijo, este fallo es muy importante, ya que este tribunal internacional por primera vez crea lineamientos para manejar este tipo de violencias en los colegios no solo de Ecuador, sino de la región.

Catalina señala que uno de ellos es que la Corte establece que los Estados deben adoptar medidas para prevenir y sancionar la violencia sexual escolar con el fin de que no se normalicen ni toleren estas conductas en los colegios ni en la justicia, en donde tantas veces se culpa a las víctimas.

Así, asegura Catalina, la Corte da herramientas para entender cómo operan las relaciones en los colegios, en donde el consentimiento se puede ver viciado por una autoridad como un profesor que usa su poder sobre una víctima estudiante.

Pero, más allá de si hay o no consentimiento, dice, la Corte deja claro que estas relaciones son indebidas. También destaca que el fallo habla de la importancia de que los Estados garanticen la educación sexual y reproductiva para que las niñas, niños y adolescentes puedan tomar sus propias decisiones sobre su sexualidad, y entender cuándo están frente a un abuso o acoso.

(Además: Procuraduría cita a soldados implicados en violación de niña embera). 

Con todo esto, para Catalina y Lita no queda duda de que este fallo permitirá avanzar para erradicar la violencia sexual en los colegios y luchar contra la impunidad.

Nada más en Colombia –aclarando que hay subregistros que rondan estos casos–, solo en el 2019 Medicina Legal reportó 764 víctimas de violencia sexual en los colegios, donde 421 señalaron que su victimario fue un profesor y 321, un compañero de estudio.

Por eso, Paola vs Ecuador, esta sentencia emblemática, también representa a miles de niñas que siguen buscando justicia en países como Colombia, donde la impunidad en la violencia sexual es cercana a un 90 por ciento. Este fallo también es por ellas. 

MILENA SARRALDE DUQUE 
*Subeditora de Justicia 
En Twitter: @MSarralde 



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