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domingo, febrero 28, 2021

Para las 2:00 de la tarde de este martes 23 de febrero se programó la aplicación de la primera vacuna contra covid19 para la intensivista Gisella Archbold

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Ninguno de los llamados por el Juzgado Primero Penal con función de Control de Garantías y Conocimiento de San Andrés, a la audiencia de imputación de cargos por el caso del contrato del Tropical Park, aceptó haber cometido cualquier irregularidad.

El Fiscal General, Francisco Barbosa, en su visita al Tropical Park, este martes 23 de febrero dijo que “en este elefante blanco en donde se hizo un área de juegos que costó 12.241 millones de pesos, un atraco que se hizo contra esta isla y por eso determiné que se priorizara esta investigación hace unos meses”.

Como se recuerda, por fallas en conectividad aplazaron para el viernes 19 de febrero la audiencia de imputación de cargos contra exfuncionarios y contratistas del caso Tropical Park.

A las 9:00 de la mañana del día señalado, se retomó la audiencia de imputación de cargos a Ninosthka Hudson -exsecretaria de Infraestructura-, Paola Andrea Toro,-exsecretaria de Turismo, Alejandro Lozano Bowie, -exsecretario de Infraestructura, Andrés Sanmiguel Castaño y Moisés Francisco Araujo, por los presuntos delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por Apropiación, con referencia al contrato del proyecto Tropical Park, que comprometió recursos por una cifra superior a trece mil millones de pesos. El interventor Paulo César Huertas Céspedes, no se presentó a la audiencia.

Entre otras consideraciones y con base en el resultado de los expertos financieros que estudiaron el contrato 1865 de diciembre de 2017, se registró una apropiación ilícita de 7.248 millones de pesos y en el contrato de interventoría 1873 de 2017 de esta contratación se informó que ascendieron a 89.000.000 millones.

Conclusiones de la Fiscalía

De acuerdo con el informe oficial “la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre exfuncionarios de la Gobernación, contratistas e interventores, por presuntas irregularidades en las fases precontractual y de ejecución del contrato de construcción del parque recreo deportivo ‘Tropical Park’ en San Andrés Islas.

Cada uno de los procesados fue imputado según su posible participación en las anomalías detectadas, así:

Exsecretaria de Turismo de la Gobernación de San Andrés, Paola Andrea Toro Piedrahita; y exsecretario de Infraestructura, Alejandro Lozano Bowie, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Exsecretaria de Infraestructura, Ninosthka Hudson Hernández, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documentos público.

Contratista y representante legal del Consorcio Tropical Park 17, Andrés Sanmiguel Castaño, por el delito peculado por apropiación.

Interventor Moisés Francisco Araujo Fuscaldo, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

Los peritos contables, financieros y técnicos de la Fiscalía establecieron que en el contrato de obra 1865 del 20 de diciembre de 2017, que contempló la construcción del parque, se habría presentado una apropiación ilícita de 7.248 millones de pesos.  De otra parte, en el contrato de interventoría 1873 de 2017 los dineros comprometidos ascenderían a 89’000.000 de pesos.

Adicionalmente, en las investigaciones quedaron en evidencia presuntas irregularidades como:

Falta de Planeación. Al parecer, no hubo estudios de mercado, análisis de precios unitarios, solicitud de permisos y licencias, diseños ni estudios de suelos.

El contrato de obra fue firmado por una persona sin poder de representación que el consorcio autorizó dos días después de la celebración del mismo.

El 50% del valor del anticipo entregado al contratista, supuestamente, fue destinado a cubrir otros asuntos que no tenían relación con el proyecto ‘Tropical Park’ y la interventoría habría usado parte del anticipo para el pago de obligaciones tributarias con la DIAN.

Se construyó un muro de contención que no estaba previsto en el proyecto inicial.

Asimismo, hubo actividades que se pagaron y no fueron ejecutadas, otras no cumplen con las especificaciones técnicas y algunas se ejecutaron en menores cantidades a las contratadas.

La interventoría habría fallado en la labor de controlar y verificar el cumplimiento del contrato.



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