Desde hace semanas un nutrido grupo de integrantes de la comunidad indígena Embera se asentó en el Parque Nacional de Bogotá con el fin de mostrar su descontento con las políticas del gobierno. Una situación que, aún no ha sido resuelta del todo por la Alcaldía Mayor y en la que hoy medió la Personería de Bogotá.
Familias enteras, incluso con niños de brazos, llegaron al emblemático parque del oriente de la ciudad, pero luego de la intervención por parte del Distrito, la gran mayoría se trasladó al Parque La Florida, en Engativá. Sin embargo, aún hay otra parte de esta población que se mantiene en el Parque Nacional.
Desde su llegada hemos prestado asistencia humanitaria y social. Ante el abandono de la @UnidadVictimas organizamos un albergue temporal en La Florida donde están 1.050. Esperamos que de manera voluntaria se trasladen allí los que faltan, mientras el gobierno nacional les cumple», indicó la alcaldesa Claudia López.
A esto la mandataria de la capital agregó que «Bogotá ha financiado con $1.895 millones la estadía y cuidado de la comunidad Embera, desplazada por la desidia de la Unidad Nacional de Víctimas de garantizar sus derechos y retorno. Coadyuvamos el incidente de desacato interpuesto por esa comunidad ante la Corte Constitucional».
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Ante esta crítica situación, en la que no se llega a un punto de acuerdo, se pronunció la Personería de Bogotá, con el fin de que el diálogo entre las partes permita encausar «hacia la reparación integral y goce efectivo los derechos de estos ciudadanos».
«Los guardianes de los derechos han permanecido con esta comunidad, escuchando a los líderes indígenas, voceros y a todas las personas en el Parque Nacional y el Parque La Florida UPI recogiendo sus necesidades con el fin de efectuar requerimientos, seguimientos y alertar a las instituciones competentes», indicó la Personería de Bogotá.
La situación con estos asentamientos es complicada pues en los dos parques «se encuentran aproximadamente 1.860 personas, de las cuales el 70% son niños, niñas, mujeres embarazadas, lactantes, personas mayores», lo que hace aún más crítica su permanencia bajo difíciles circunstancias como lo es la exposición a lluvia, sol y a posibles contagios de enfermedades.
Reiteramos nuestro permanente llamado a la corresponsabilidad, a la efectiva articulación entre lo Nacional y lo Distrital en especial respecto a los retornos a los territorios de origen y la reubicación, ratificamos nuestra presencia en garantía y protección de derechos con enfoque diferencial étnico en el marco ciudad Bogotá Distrito Capital”.
Patricia Villegas, Personera delegada para la protección de las víctimas del conflicto armado interno
Además de comunidades Embera katío, también se encuentran indígenas chamí y dóbida, acompañados de integrantes de otras comunidades ancestrales. De estas familias, algunas son víctimas desplazadas del conflicto armado y esperan recibir una respuesta positiva por parte del Gobierno.
Al respecto de esta situación, se espera que en próximas horas se adelante una audiencia pública para definir el futuro de estas comunidades, que han sido intervenidas con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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