Resta poco para que finalice el 2024 y más de uno echa cabeza del balance de todo lo que se propuso hacer durante el año y de aquellas metas que quedaron pendientes para seguir insistiendo en cumplirlas.
Al presidente Gustavo Petro le corresponde también hacer ese ejercicio de reflexión, pues cierra el año en medio de una alta desaprobación, con varios escándalos alrededor de quienes están o estuvieron en las altas esferas de su gobierno y muy pocos avances en su plan. Hora de quemar el año viejo y pensar muy bien el los deseos para esas 12 uvas.
Se feriaron el billete para los más necesitados
Apenas inició el año y el gobierno anunció la compra de 40 carrotanques para distribuir 17.000 litros de agua en las regiones más necesitadas de La Guajira, un mes después llegaron las preguntas del porqué las máquinas estaban frenadas en un batallón y pronto se descubrió que por la totalidad de las máquinas que allí se estaban oxidando se había pagado más de $ 46.800 millones. Desde entonces, cada cosa que se descubrió fue peor: las compras fueron aprobadas en tiempo récord por el director y subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo López y Sneider Pinilla, quienes fueron nombrados por el mismo presidente Petro.
El dinero fue a parar a una empresa de papel cuyo dueño, Luis Eduardo López, declaró que se usó para desviar $7.200 millones que fueron a parar a manos de congresistas, versión que luego entregaron con más detalle Olmedo López y Sneider Pinilla. Sus declaraciones y pruebas entregadas a la Fiscalía, entre las que figuran contratos, chats, soportes telefónicos y de GPS, pusieron en el ojo del huracán a varios personajes al interior de la Casa de Nariño y del Congreso; entre ellos Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial de regiones, quien se encuentra en juicio señalada de entregar $ 4.000 millones a los entonces presidentes de Cámara, Andrés Calle; y del Senado, Iván Name; así como siete congresistas de las comisiones económicas, entre ellos Wadit Manzur o Karen Manrique.
El escándalo puso contra las cuerdas a Ricardo Bonilla, quien fue su mano derecha en el Ministerio de Hacienda. Alejandra Benavides lo señaló de orquestar el desvío de dineros para lograr la aprobación de reformas. Y aunque su nombre estuvo en el ruedo meses atrás, su cabeza solo rodó al enviarle a la Fiscalía una denuncia anónima acusando al hijo del presidente, Nicolás Alcocer Petro.
Los “innombrables” del gobierno Petro
Durante este año, varios nombramientos en el gobierno de Gustavo Petro generaron controversia debido a cuestionamientos éticos y conflictos de interés, por ejemplo: Armando Benedetti, nombrado asesor político, enfrenta críticas por denuncias de violencia de género y una investigación por amenazas, lo que ha causado rechazo interno, especialmente entre figuras como la defensora del Pueblo, Iris Marín, y la senadora María José Pizarro, quienes cuestionan su compatibilidad con los principios feministas del gobierno.
Sebastián Guanumen, que iba como cónsul en Chile, también fue criticado por comentarios previos sobre “correr la línea ética” durante la campaña electoral de Petro, lo que genera dudas sobre su idoneidad para el cargo. Además, Moisés Ninco Daza, embajador en México, fue destituido por no cumplir con los requisitos de experiencia.
Mientras que los nombramientos de Roy Barreras y Alfonso Prada como embajadores en el Reino Unido y Francia, respectivamente, han alimentado acusaciones de favoritismo político. León Fredy Muñoz, embajador en Nicaragua, enfrenta investigaciones por narcotráfico, lo que genera dudas sobre la transparencia de su designación.
Y para cerrar con broche de oro, además de su falta de experiencia diplomática, Daniel Mendoza (Izq.), creador de la serie ‘Matarife’, no fue nombrado embajador en Tailandia debido a las fuertes críticas por sus controvertidas publicaciones en las que hacía comentarios considerados como apología de la pedofilia y misoginia, ampliamente rechazadas por la sociedad nacional.
Las reformas del Gobierno penden de un hilo
En 2024, el Gobierno Nacional presentó una serie de propuestas que no han caído bien en distintos sectores. Se trata de las reformas a la salud, tributaria, laboral, agraria y pensional. Estas reformas enfrentan obstáculos, puesto que han sido objetadas desde distintos sectores.
La tributaria, por ejemplo, ha generado críticas por eliminar el Régimen Simple y aumentar el impuesto de renta para empresas, gravar el patrimonio y crear un impuesto al carbono. El Congreso, por unanimidad de las cuatro comisiones económicas, de Senado y Cámara, decidió hundirla. Esta decisión fue un golpe bajo para el Gobierno Nacional, que deberá presentar una nueva reforma y buscar una nueva fuente de financiación.
La reforma de salud enfrenta objeciones por posibles problemas de constitucionalidad y la falta de financiación y planificación, lo que podría comprometer la prestación del servicio de pacientes. La laboral es cuestionada por empresarios debido al impacto económico que supondría, puesto que incluye ajustes en contratos, recargos nocturnos y teletrabajo.
La reforma agraria enfrenta oposición de gremios ganaderos por preocupaciones sobre la propiedad privada, así como la distribución desigual de la propiedad rural.
La reforma que más ha avanzado es la pensional, pero enfrenta varios desafíos legales. La Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional que la declare inconstitucional, argumentando vicios en su trámite legislativo, como la falta de deliberación adecuada y el incumplimiento del principio de publicidad. Luis Fernando Velazco y Juan Fernando Cristo han sido los encargados de impulsar las reformas en el Congreso desde el Minsiterio del Interior.
La guerra absoluta le ganó a la paz total
Desde que asumió el poder, el presidente Petro le apostó a sentar a su gobierno con todos los grupos criminales del país con la idea de firmar acuerdos de paz en cuestión de meses, pero pronto se estrelló con la realidad. Guerrillas como las disidencias Farc, el Eln, el Clan del Golfo (por mencionar a las más grandes), son grupos criminales que hace mucho reemplazaron cualquier ideología por el fuerte deseo de controlar el negocio del narcotráfico; fruto de ello se ha desatado el peor infierno en materia de seguridad nacional con la fragmentación de las disidencias, que se separaron de unos pocos que sí quieren continuar las mesas de diálogos.
Conversaciones truncadas con el Eln, en donde Pablo Beltrán ha sostenido que si se firma la paz no será en este gobierno, mientras sus hombres asesinan en Arauca y Santanderes; con un ‘Iván Márquez’ que no se sabe si está vivo o muerto, pero que ya no tiene control de la Segunda Marquetalia, con una guerra a muerte contra las disidencias de ‘Iván Mordisco, que cada semana realiza un atentado en la región del Micai, y con el Clan del Golfo realizando toda clase de ilícitos en Antioquia y el Caribe. La cereza del pastel en materia de seguridad la pone el Tren de Aragua, cuya presencia en las ciudades es innegable y cuya confrontación parece mínima.
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