Uno de los pilares en los que este Gobierno plantea apoyar la reactivación económica es la puesta en marcha de una ley de inversiones forzosas que permita destinar recursos del sector financiero a la ejecución de proyectos que en Casa de Nariño consideran estratégicos, principalmente en frentes como el turismo, el uso de energías renovables, la agricultura y la vivienda.
Esta idea ha generado posiciones encontradas en el contexto económico ya que, por un lado, es vista como un camino para garantizar que se apoye a sectores que son relegados por los bancos, mientras que, por el otro, se advierte que ya se puso en marcha hace más de 30 años y la experiencia demostró que no sirvió y, por el contrario, generó efectos adversos en el desarrollo económico del país.
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Para explicar mejor su perspectiva y lo que desea hacer con dicha iniciativa, recientemente el presidente Gustavo Petro explicó los puntos más importantes de esta parte de su plan de reactivación, que fuentes cercanas al Gobierno Nacional sostienen que no es totalmente aceptada en entidades como el Ministerio de Hacienda y que se mueve por orden directa del mandatario de los colombianos.
¿Qué busca?
La ley de inversiones forzosas, según lo explicado por el presidente Petro, consiste en redirigir una parte del dinero que actualmente se encuentra en los bancos hacia créditos de bajo costo destinados a sectores productivos como la agricultura, la industria y la vivienda. La idea es que estos fondos se destinen a impulsar actividades económicas clave, con el objetivo de reducir los costos financieros para estos sectores y fomentar la reactivación.
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“Para destinarlo como crédito barato, con costo financiero pequeño a las actividades de la producción, como se está haciendo desde hace décadas con la agricultura, que a la banca le conviene, porque en este momento se está deteriorando su cartera y la crisis mundial hace un estornudo más fuerte, pues tendríamos una crisis bancaria, que es la primera demostración de una crisis siempre”, indicó Petro Urrego.
El propósito de esta política es mitigar el impacto de la crisis económica actual, especialmente en un contexto donde la cartera bancaria se está deteriorando debido a altas tasas de interés. Esto por medio de la redirección de estos recursos hacia instituciones de crédito enfocadas en los frentes ya mencionados, para generar un ciclo de economía sostenible que ayude a apuestas como la transición energética.
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“Llevar una parte de ese ahorro público a Bancóldex, a Banco Agrario o Finagro, al Fondo Nacional del Ahorro, para traducirlo hacia los sectores de la producción industriales agrarios de mejoramiento de vivienda y de vivienda, e incluso yo diría de turismo, porque es lo que nos puede reactivar económicamente”, agregó el jefe de Estado.
Corregir errores
Al tocar este tema, el presidente Gustavo Petro reconoce que es un modelo que ya se implementó en el pasado y que demostró que no funciona. No obstante, insistió en que plantea hacer las cosas de una forma diferente para no repetir errores, y aprendiendo de lo bueno y lo malo que se hizo en el pasado.
“¿Perdería el banco ese dinero?, que no es de él, es del público. No, porque nosotros se lo devolvemos con tasa de interés modesta, es una forma de bajar el costo financiero. En ese cuadro habíamos hablado del costo de la energía, aquí estamos hablando del costo financiero, si se reduce el costo financiero, el costo de la energía competimos, y si lo hacemos es en la producción, que es la generadora de la riqueza”, explicó.
Gustavo Petro
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Por último, el presidente Petro subrayó que esta propuesta es importante para reducir los costos financieros en sectores productivos clave como una estrategia para fomentar la reactivación económica, especialmente en un contexto de altas tasas de interés y una cartera bancaria deteriorada. Así mismo, dejó claro que esta medida busca aliviar las cargas financieras de estos sectores, promoviendo así el crecimiento económico sostenible y la estabilidad a largo plazo.
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Petro también destacó que la inversión se enfocará en fomentar una producción limpia y descarbonizada, alejando al país de la dependencia de los combustibles fósiles. Esta política se justifica como una respuesta preventiva ante posibles crisis financieras, protegiendo el sistema bancario y evitando una recesión económica, y a pesar de las críticas ideológicas, señaló que ha habido conversaciones positivas con el sector bancario, que no se opone a este proyecto.
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