El cierre del primer período de la tercera legislatura en Colombia marca un punto crucial en el gobierno de Gustavo Petro, quien ha enfrentado dificultades para implementar sus reformas por la fragmentación del Congreso y un panorama fiscal difícil.
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Mientras el gobierno intenta salvar sus reformas, la oposición diseña estrategias de cara a un 2025 marcado por la austeridad y el inicio de las campañas presidencial y legislativa. Para entender lo que pasará el próximo año, en una legislatura que suele estar marcada por las presiones electorales, es importante poner la lupa en cuatro aspectos:
1. Juan Fernando Cristo y la reforma al SGP: aunque no cumplió con las grandes expectativas del gobierno, el ministro del Interior es uno de los ganadores del cierre legislativo, pues logró avances importantes en temas clave. Su principal logro fue la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que, a pesar de las críticas sobre su impacto fiscal, es crucial para los mandatarios locales y líderes regionales, quienes tienen una considerable influencia en el Congreso. Además, Cristo ha impulsado la Ley de Competencias y Procedimientos de la Jurisdicción Agraria, que busca descentralizar el poder del gobierno central ampliando la autonomía de las regiones.
La descentralización será tema clave en las elecciones presidenciales de 2026 y las elecciones territoriales de 2027, por lo que la gestión de Cristo tendrá un impacto profundo y duradero. A medida que se acerquen estas elecciones, la relación entre el gobierno y los líderes regionales será fundamental para definir la agenda política. Sin embargo, es factible que Cristo tenga aspiraciones presidenciales, lo que generaría cambios en el gabinete.
2. Reform#as incompletas y el saldo legislativo del gobierno: una de las principales críticas al gobierno de Petro ha sido la falta de avances en sus reformas sociales, como la laboral y la de salud. Ambas enfrentan una creciente resistencia, especialmente en un contexto fiscal complejo y con una economía que aún no se ha reactivado. La reforma a la salud, por ejemplo, solo avanzó hasta el primer debate en noviembre, mientras que la reforma laboral no logró avance en tercer debate.
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A pesar de algunos logros, el saldo legislativo del gobierno ha sido menor. Iniciativas como la Ley de Financiamiento y las reformas política y judicial no avanzaron por la falta de tiempo y apoyo en el Congreso. Otros proyectos, como la creación de Ecominerales y la capitalización de las Salinas de Manaure, tampoco tuvieron avance. Esto refleja una menor efectividad legislativa del gobierno de Petro en comparación con las administraciones anteriores, con solo un 10% de efectividad en la tercera legislatura, frente al 33% de las dos primeras.
3. Negociaciones aisladas y fragmentación política: el gobierno no ha logrado consolidar una coalición en el Congreso. El modelo de negociaciones individual con cada congresista y proyecto legislativo resultó insostenible por la alta fragmentación política y la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. A medida que se acercan estos comicios, los congresistas se distancian del gobierno, reflejando una pérdida de poder político.
La crítica a la falta de transparencia y gestión fiscal, así como los problemas de ejecución presupuestal, han erosionado la capacidad del gobierno para cohesionar a sus aliados. A pesar de la llegada de Cristo al gobierno, no logró construir una coalición sólida, lo que reflejó mayorías frágiles en la Cámara de Representantes y en un apoyo menor al 50% en el Senado. El fracaso de la Ley de Financiamiento subraya el declive del poder de Petro, mientras que las tensiones políticas se incrementan en el Congreso, con los partidos centrados en su agenda electoral.
Otro factor que ha afectado la gobernabilidad es la reforma quirúrgica a la Constitución, que permitiría el transfuguismo (cambio de partido de los congresistas) y que ya pasó su primera vuelta en la Cámara de Representantes. Esta reforma, que entraría en vigor en 2025, tendría un impacto directo en las elecciones de 2026 alterando el panorama político del Congreso.
4. Campaña presidencial de 2026 y el desafío fiscal: el cierre legislativo también ha coincidido con un endurecimiento del discurso del presidente Petro contra el Congreso y las Cortes, lo que refleja el inicio de la campaña presidencial de 2026. Con una popularidad del 30%, Petro enfrenta la creciente distancia de los congresistas, quienes están más enfocados en las campañas electorales que en apoyar al gobierno.
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El desafío fiscal es otro de los grandes problemas del gobierno. El archivo de la Ley de Financiamiento ha dejado sin recursos sus planes de inversión regional. Esto se convierte en una crítica directa al Congreso, que el gobierno atribuye a la falta de apoyo legislativo. Sin recursos y con los políticos concentrados en las elecciones de 2026, el año 2025 es un desafío para la agenda legislativa del presidente.
Además, el 2025 traerá consigo la discusión de la Ley de Competencias, crucial para la reforma al SGP, lo que pondrá a prueba la relación del gobierno con los líderes regionales y locales. En paralelo, se espera un remezón ministerial, con plazos clave para quienes tengan aspiración electoral. Estos factores hacen que el panorama político y legislativo sea aún más complejo el próximo año.
En conclusión, este cierre tiene avances importantes en algunos frentes, como la reforma al SGP, pero con un saldo que refleja la dificultad para consolidar una agenda de reformas ambiciosas. La fragmentación política, la falta de una coalición sólida y los problemas fiscales son los principales obstáculos. A medida que se acercan las elecciones, la relación entre el gobierno y el Congreso se recrudece al igual que la capacidad del presidente para avanzar en su agenda.
Gonzalo Araujo y María Jimena Escandón
Socios Directores de ORZA, asuntos públicos y regulatorios.
