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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció una nueva estrategia para abordar el grave hacinamiento en los centros de reclusión del país. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ha sido autorizada para donar inmuebles sometidos a extinción de dominio a las alcaldías, con el fin de construir cárceles municipales que mitiguen esta problemática.
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Osuna subrayó que estas donaciones permitirán a las autoridades locales disponer de instalaciones adecuadas para mejorar las condiciones de detención. La descongestión de estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) es una prioridad dentro de este plan.
Para garantizar la adecuación de los inmuebles, cada municipio deberá evaluar la disponibilidad y aptitud de los predios. «Será necesario adaptar los inmuebles con enrejados y encerramientos, pero la estructura básica ya existe», explicó el ministro.
Esta medida ya puede ser implementada en función de las solicitudes de los alcaldes y las modificaciones necesarias a los inmuebles, antes de proceder con la firma de los convenios pertinentes.
En paralelo, en ciudades como Cali, los estudios para la construcción de un nuevo centro de reclusión avanzan lentamente. Mientras tanto, las estaciones de Policía siguen enfrentando un hacinamiento crítico.
El origen de esta iniciativa se encuentra en las preocupaciones expresadas por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro. Chaverra ha destacado la precaria situación de miles de personas privadas de la libertad en estaciones de policía y URI en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
Las autoridades judiciales han enfatizado la urgencia de implementar medidas efectivas para aliviar el impacto humanitario y mejorar los procesos judiciales, promoviendo la rápida creación de nuevas instalaciones carcelarias municipales.
Durante una reciente reunión, se concluyó que cerca de mil personas privadas de la libertad en Colombia serán trasladadas a cárceles como solución inmediata para la crisis de hacinamiento que afecta a las estaciones de Policía y URIs en las principales ciudades.
Específicamente en Cali, el hacinamiento en las estaciones de Policía ha alcanzado un alarmante 700%, lo que refleja la urgencia de las medidas anunciadas y la necesidad de acelerar su implementación para mejorar las condiciones de detención y garantizar un trato humano a los reclusos.
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