La líder social María del Pilar Hurtado, reconocida por su labor en la denuncia de violaciones a los derechos humanos en la región de Córdoba y el Cauca, fue brutalmente asesinada el 21 de junio de 2019. A pesar de haber denunciado amenazas y encontrarse en situación de riesgo, las autoridades locales no tomaron las medidas necesarias para protegerla.
Por primera vez, la Procuraduría ha formulado pliego de cargos contra el exalcalde de Tierralta, Fabio Leonardo Otero Avilés, y el entonces secretario de Gobierno, Willingtón Ortiz Naranjo, por su presunta responsabilidad en el caso.
Según la investigación realizada, María del Pilar Hurtado lideraba un grupo de personas que reclamaban tierras y ocupaban un terreno que pertenecía al padre del exalcalde investigado. Las pruebas recopiladas indican que el Clan del Golfo habría ordenado su asesinato como represalia por la ocupación de dicho predio.
La Procuraduría sostiene que el exalcalde y el exsecretario de Gobierno no cumplieron con sus deberes como autoridades municipales al no diseñar estrategias ni tomar las medidas necesarias para proteger la vida y los derechos de la líder social.
Además, se ha formulado un segundo cargo contra el exalcalde Otero por posible conflicto de intereses al haber intervenido en un asunto en el que su padre tenía un interés particular y directo, como era la invasión del predio de su propiedad.
Este caso marca un hito en la lucha por la protección de los líderes sociales y pone de relieve la responsabilidad de las autoridades locales en garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos de las comunidades más vulnerables. La Procuraduría continuará adelante con el proceso disciplinario para determinar las posibles sanciones que correspondan a los implicados en este grave hecho.
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