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La Defensoría del Pueblo llevó a cabo una brigada integral para atender a los 50 internos que se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social Municipal y en la estación de Policía de Inírida. Durante la actividad, se brindaron diversos servicios defensoriales, como la recepción de quejas y asesorías jurídicas, además de atención en salud.
La brigada fue posible gracias al concurso de la Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria y la Regional Guainía, junto con las secretarías de Salud del departamento y de su capital, además del Hospital Intercultural Renacer.
En medicina general fueron atendidas 21 personas privadas de la libertad (exámenes antropométricos, toma de tensión arterial, identificación de factores de riesgo, entre otros); en remisiones a especialidades: dos dictaminados para psiquiatría, cuatro para medicina familiar, siete para psicología, seis para exámenes especializados, uno para optometría y otro para trabajo social. Los reclusos, además, fueron vacunados contra la covid-19, la influenza y el tétanos.
Durante la jornada conjunta que lideró la Defensoría del Pueblo en Inírida, como garante de los derechos humanos de los colombianos, también adelantó un proceso de intervención a la farmacia Surtidrogas, contratada por la EPS Coosalud, para que entregue los medicamentos ordenados a los detenidos. Doce de los detenidos recibieron sus medicinas a través del jefe de guardia del Centro de Rehabilitación Social, y quedó pendiente la entrega a otros seis debido a que la farmacia no cuenta con lo ordenado en las fórmulas. Concretamente, a Coosalud le solicitó que sea reactivada la afiliación a dos internos para que puedan tener acceso al servicio de consulta externa.
La brigada, igualmente, dispuso un espacio para brindar capacitación sobre enfermedades de transmisión sexual (ETS), divulgación de los derechos sexuales y reproductivos e información y educación en salud bucal, visual y auditiva.
Finalmente, precisó la Defensoría, se implementaron mecanismos para que el director del Centro ejecute el proceso de afiliación de oficio a aquellos privados de la libertad que no cuentan con el servicio de salud. Además, se brindó asesoría integral con enfoque jurídico a 12 detenidos y se dio trámite a ocho solicitudes de quejas.