Aunque la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) atribuyó la reciente decisión de aplazar para febrero la subasta de cargo por confiabilidad, prevista para noviembre, a la necesidad de viabilizar la participación de oferentes, otra es la visión de analistas, observadores y fuentes del sector eléctrico, quienes consideran que esta no es la razón de fondo y advirtieron por la creación de más incertidumbre para los inversionistas interesados.
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(Vea: Procuraduría pide tumbar decreto de estado de emergencia en La Guajira).
En efecto, uno de los principales efectos es un desincentivo sobre los proyectos que se venían preparando para competir, ya que a sus promotores ahora les toca analizar muy bien si se postulan, pues el cambio de fecha puede afectar el ingreso esperado y, así, su cierre financiero.
Según explica Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, esto obedece a que los participantes han venido modelando sus propuestas bajo el supuesto de que comienzan a construir las plantas una vez reciban la asignación de obligaciones de energía, que para los proyectos nuevos define un ingreso fijo por megavatio durante 20 años.
Pero con el aplazamiento dichas fechas se mueven y se corre el riesgo de que un auditor determine que el proyecto ya no es nuevo, sino que participa como planta en construcción, que reciben igual remuneración, pero solo por 10 años.
(Vea: Cerrejón denuncia bloqueos ilegales en su línea férrea, en La Guajira).
“Es muy importante la diferencia entre 10 años y 20 años de ingreso de cargo para un proyecto, y hace la diferencia para que se haga o no se haga”, advirtió.
No obstante, luego de analizar la decisión de la Creg (argumentos que comparte XM, operador del mercado eléctrico, filial de ISA y también parte del Grupo Ecopetrol), el experto considera que el aplazamiento no es causalidad, sino que sale unas semanas después de que, a través de uno de los decretos de emergencia económica para La Guajira, se adoptaron varias ‘perlas’.
La primera es a favor de los proyectos eólicos de La Guajira, que claramente en diciembre próximo no pondrán cumplir con la entrega de energía a la que se comprometieron en la subasta del 2019, y a las que se les ejecutarán las garantías financieras por no entrar a tiempo.
Para estas plantas, el decreto de emergencia les da la gabela de volverse a presentar en la nueva fecha de febrero de 2024, algo similar a lo ocurrido con Hidroituango cuando incumplió por la contingencia del 2018 y le permitieron hacer parte del siguiente proceso competitivo.
(Vea: XM dejó de despachar energía de contratos de La Guajira).
Lucio señala que ahora sí se entiende la razón por la cual en el decreto de emergencia económica de La Guajira se estableció que estos proyectos renovables de La Guajira tienen prioridad en el cargo por confiabilidad, es decir, que no van a competir sino que recibirán asignaciones por la derecha.
Y explica que la segunda ‘jugadita’ de la decisión, asociada con el mismo decreto, tiene que ver con que, para estos proyectos que ya tenían cargo asignado y lo van a perder, están medio muertos o muy emproblemados, se determinó que podrá permitírsele a Ecopetrol quedarse con algunos como inversionista directo o a través de alianzas, es decir, permitiéndole que entre como participante, pero sin competir, en la subasta de cargo aplazada.
“El aplazamiento no está asociado sino a otra cosa que permitirles a esos proyectos volverse a presentar, pero adicionalmente con que el salvavidas de esos proyectos también lo ponga Ecopetrol”, advirtió Alejandro Lucio.
De hecho, a comienzos de agosto Portafolio reveló que Ecopetrol tiene la intención de estructurar, a través de su filial Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) una propuesta de compra del parque eólico Windpeshi al Grupo Enel, un proyecto de 205 megavatios cuya construcción se suspendió el 24 de mayo ante los bloqueos a su construcción y las dificultades con comunidades.
Para ello, el propio presidente de la compañía, Ricardo Roa, está explorando dos opciones: hacerlo a través de la generadora Urrá o a través de Gecelca, las dos controladas por el Ministerio de Hacienda.
(Vea: Los once decretos emitidos para atender la emergencia en La Guajira).
Otra fuente del sector le dijo a Portafolio que, con el aplazamiento de la subasta de cargo por confiabilidad, el Gobierno hace un triángulo completo, en perjuicio del mercado y de la competencia.
“Triángulo completo es que sacan el decreto, mueven la subasta, Ecopetrol compra eso hoy valiendo nada y lo valoriza en febrero porque ya tiene cargo otra vez”, dijo la persona consultada.
Como se recuerda, el cargo por confiabilidad es una remuneración que pagan los usuarios cada mes en su recibo de energía y con la que se financia parte de los proyectos que garantizan la atención de la demanda, las 24 horas, en momentos de baja hidrología.
Y señala la fuente que si bien estos proyectos renovables, por su intermitencia no garantizan confiabilidad, es una jugada ‘fea’, más aún teniendo en cuenta que no se está agregando nueva energía a la que se había adjudicado en el 2019. “Eso genera una desconfianza total”, añadió.
Pero más allá de eso, Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, advierte que con las medidas la Creg y el Gobierno están jugando con la confiabilidad del sistema eléctrico.
“Los requerimientos de energía en firme que tiene el sistema no están para ponerse a hacer juegos y entonces dicen que es energía firme que se requiere en el 2027, pero en todo caso se requiere antes y estos jueguitos ponen en detrimento de la garantía de la energía firme del sistema».
Y puntualizó que en la subasta sí habrá agentes térmicos, porque no se está hablando de renovables, de transición energética o compromisos ambientales, sino de energía firme para garantizar la atención de la demanda en épocas de sequía y para ello no son suficientes los proyectos renovables que tienen asignación de capacidad de conexión de aquí al 2027.
(Vea: Emiten decreto para suspender contratos de energía de subasta).
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Editor de Portafolio
