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Por presunto tráfico de 32 migrantes haitianos fueron enviados a prisión tres personas

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Por presunto tráfico de 32 migrantes haitianos fueron enviados a prisión tres personas

Media de aseguramiento privativa de la libertad le fue impuesta a tres presuntos responsables de transportar, de manera ilegal, a 32 ciudadanos haitianos. La determinación fue impuesta por un juez de control de garantías, tras acoger la solicitud que en tal sentido propuso un fiscal de la Seccional Valle del Cauca.

Por presunto tráfico de 32 migrantes haitianos fueron enviados a prisión tres personas - Noticias de Colombia
Roberto Ramírez Gómez, Luis Enrique Contreras Galvis y Alejandra García Arboleda, judicializados por tráfico de migrantes, en Bugalagrande (Valle).

Se trata de Roberto Ramírez Gómez, Luis Enrique Contreras Galvis y Alejandra García Arboleda, quienes fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional cuando se movilizaban en un bus de servicio público en inmediaciones del peaje La Uribe, jurisdicción del municipio de Bugalagrande (Valle del Cauca).

Según la Fiscalía, en el vehículo se movilizaban 32 extranjeros que no contaban con los permisos migratorios respectivos. Las indagaciones practicadas permitieron establecer que las personas venían desde Ipiales con destino a Necoclí (Antioquia); además de haber pagado alrededor de 280 dólares para lograr dicho traslado.

La Fiscalía imputó a los tres capturados como presunto responsable del delito de tráfico de migrantes; cargo que no fue aceptado. Los implicados deberán cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

MAP/MAGA/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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