Por qué habría inconstitucionalidad en el Presupuesto General de la Nación del 2024

Todo un revuelo se sigue presentando al interior del Ministerio de Hacienda por cuenta de los errores que hay en el Presupuesto General de la Nación aprobado para el 2024, el cual, según hallazgos revelados por Portafolio, tiene dos errores en su reglamentación, uno legal y otro técnico, que ponen en riesgo las finanzas del país.

El primero de ellos está relacionado con el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, también conocido como decreto de liquidación presupuestal, que contiene en su interior el anexo que discrimina el gasto presupuestal para 2024, cuando la ley obliga a que estos dos documentos deben ir por separado, violando el artículo 67 del Decreto 111 de 1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto.

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En segundo lugar, y un poco más grave, según los expertos, en el desglose del gasto para este año, el documento emitido por el Gobierno Nacional deja en el aire al menos $13 billones en cuatro entidades, ya que no se especifica cómo será su gasto, pese a que la legislación obliga a que se entregue un alto nivel de detalle en este tema.

Se trata de los recursos de inversión de la Agencia Nacional de Infraestructura por $7,3 billones; del Instituto Nacional de Vías por $3,2 billones y las asignaciones del Ministerio de Hacienda para manejo de Sistemas de Transporte Masivo ($1,6 billones) y Sistemas Férreos ($351.000 millones).

Así mismo, aparecen los montos de inversión para infraestructura educativa del Ministerio de Educación, por $560.000 millones, que, por ejemplo, afectaría la construcción de nuevas escuelas y colegios oficiales en todo el territorio nacional para mejorar el acceso a este servicio esencial para el futuro del país.

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Con el fin de ahondar en las consecuencias que podrían acarrear estas fallas a las finanzas de la Nación, Portafolio habló con tres expertos en temas presupuestales y normativos frente a este tema, quienes explicaron que, como está redactado el Presupuesto Nacional, se podría interpretar que tiene vicios de inexequibilidad.

El primero de ellos fue el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, quien explicó que el primer error es más de forma que de fondo y podría subsanarse sin mayores contratiempos, siempre y cuando se cumplan con dos requerimientos muy importantes en materia de avales y planificación.

“En esto es fundamental que la ley que apruebe el Presupuesto tenga dos componentes: Primero, el estimativo de los ingresos y segundo, las autorizaciones de gastos. Si está claro en el proyecto, en la ley que aprobó el Congreso, cuáles son esos dos grandes capítulos, no creo que se pueda caer en un formalismo sobre si está el anexo adentro o afuera del decreto”, explicó.

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No obstante, este economista, especializado en derecho económico, advierte que debe preocupar el hecho de que no se discriminen a fondo la ejecución de los recursos de las cuatro entidades ya mencionadas, puesto que la ley “no es muy amiga” de las partidas globales y exige que se explique claramente cómo se usarán los recursos de los colombianos.

“Puede haber un problema porque si la definición es así, tan global, rompe el principio de que la designación del gasto debe especificar el rubro y el objetivo. Si solamente tiene para mantenimiento un área general, pero no dice cuáles serán los proyectos, pues eso rompe con el principio de la especificidad del gasto”, agregó el exministro de Hacienda, que a su vez resaltó que así se arreglen los errores, “el riesgo de que se le reprochen vicios de constitucionalidad sigue vigente, porque la ley está aprobada”.

Otro experto consultado por este medio fue el exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, quien indicó que lo más grave de todo es que se está poniendo en riesgo la ejecución del Presupuesto Nacional, advirtiendo que cualquier ciudadano podría demandar la legalidad del documento ante la rama judicial, si no se corrige el error cuanto antes.

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“El Gobierno tendría que reconocer su error y sacar un decreto que se llama un decreto de yerros. ¿Qué quiere decir esto?, que les toca salir a decir que nos equivocamos en esto y lo estamos corrigiendo, manteniendo lo aprobado por el Congreso. Si no sacan ese decreto, cualquier ciudadano podría demandar la liquidación del presupuesto, pedir su suspensión provisional”, explicó Londoño.

En caso de que esto llegara a pasar, este experto advirtió que “eso haría que el Presupuesto General de la Nación no se pudiera ejecutar y eso quiere decir que no se podrían pagar salarios, no se podrían pagar pensiones, no se podría cumplir con todas las obligaciones que tenemos en materia de infraestructura y demás”.

Por último, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, dijo que no hay que pasar por alto que en el peor de los escenarios, “si la Corte Constitucional falla sobre la inexequibilidad de algún procedimiento o alguna norma que haya llevado todo el desarrollo de la reglamentación presupuestal, en la que fue la ley anual de presupuesto para 2024, pues genera incertidumbre, porque quedaríamos pendientes de saber qué pasaría con un asunto tan importante”.

Fuentes al interior del Gobierno Nacional contaron a Portafolio que las falencias que se han presentado con el Presupuesto General de la Nación han generado malestar entre algunos asesores y funcionarios relacionados con el proceso, lo cual ha derivado en la renuncia de por lo menos dos expertos del Ministerio de Hacienda, quienes prefirieron dar un paso al costado antes de arriesgarse a una investigación en el futuro por parte de los entes de control, teniendo en cuenta las alertas que se han emitido, tanto a la Dirección General de Presupuesto como a instancias superiores, las cuales al parecer no han sido escuchadas por los altos cargos en esta entidad. Hasta el momento no se han subsanado los errores del Presupuesto Nacional 2024.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio